La editorial Aranzadi La Ley publica la monografía de Gabriel Rodríguez-Ramos sobre el hecho propio de la empresa (ver en Aranzadi La Ley / ver la obra).
En un derecho penal que ha sido atravesado por la responsabilidad de la persona jurídica, esta monografía afronta la pregunta decisiva: ¿qué puede ser, con garantías, el «hecho propio» de una empresa? El autor propone situar el núcleo de la imputación penal corporativa en un hecho distinto del de las personas físicas, previsible y verificable en el proceso, capaz de encajar, ex ante, en el principio de legalidad y, ex post, en la presunción de inocencia.
Para alcanzarlo y siendo la empresa un hecho institucional jurídico pero también económico, el autor propone partir de los componentes que las expliquen y que acumulen el mayor consenso en las disciplinas vinculadas al mundo empresarial que las tienen como objeto de estudio. Esos consensos muestran a la empresa como la realidad resultante de la combinación de sus propietarios (y los mecanismos de control interno que estos despliegan), de sus relaciones corporativas/internas (que resuelven necesidades de la empresa sin acudir a los mercados), de sus transacciones externas (que resuelven en los mercados) y del beneficio/valor de la empresa, que el propietario busca maximizar mediante continuas combinaciones e intensidades de las anteriores realidades. A su vez, esas disciplinas muestran como determinados marcos de control interno de los propietarios están tan impregnados en el consenso internacional profesional y empresarial, que están presentes de forma consensuada y se usan al valorar, por ejemplo, cualquier empresa auditada del mundo.
Desde la aparición histórica de su personalidad jurídica, se decantan a continuación de forma minuciosa cuáles son en este momento los derechos fundamentales sustantivos y procesales de la persona jurídica que la definen como sujeto del proceso penal (expresados por el consenso institucional internacional del TEDH, el TJUE y el TC) y cuáles las exigencias de control interno que el legislador y los reguladores (europeos y españoles) les imponen en función de su intensidad de capital, relaciones y transacciones, concretando así con todo detalle a la empresa como realidad institucional jurídica.
Sobre esas bases, la obra muestra como el control interno como institución económica y jurídica, une y resuelve (a la misma velocidad) las necesidades empresariales (control indirecto de los propietarios cuando el directo deviene imposible) y procesales (aparición del hecho propio de la persona jurídica cuando desaparece el hecho propio de la persona física propietaria) permitiendo la sanción penal derivada de la obtención de beneficios empresariales como resultado de actividades delictivas con absoluto respeto a todas las exigencias de nuestro sistema jurídico y, especialmente, las derivadas del principio de legalidad y la presunción de inocencia.