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STJUE (Gran Sala) C‑584/19, A y otros, de 8 de diciembre de 2020: El Ministerio Fiscal puede impulsar las Ordenes Europeas de Investigación sin intervención judicial en el Estado emisor.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 8.12.2020 Sentencia en el Asunto C‑584/19, en la que al hilo de concluir que a los efectos de la Orden Europea de Investigación, el Ministerio Fiscal puede considerarse autoridad de emisión, aún en los casos en los que las Fiscalías estén expuestas a riesgos de estar sujetos a instrucciones del Poder Ejecutivo (realidad -falta de independencia- que les veta poder ser consideradas autoridades de emisión en el caso de las Euroórdenes –por todas la última Auto de 21.01.2020, C-813/19 PPU, apartado 36, en los términos del art. 6 de la DM 2002/584), recorre y realiza una descripción de las garantías intrínsecas de la OEI, en el Estado emisor y en el Estado de ejecución, que permiten superar ese riesgo de faltas de imparcialidad.

Así, partiendo de que  el art. 2.c.i) de la Directiva que regula la OEI prevé la consideración como autoridad de emisión del Ministerio Fiscal (apartados 50 a 52), señala que el riesgo está neutralizado:

  • Porque la OEI integra garantías específicas, de forma que el Fiscal emisor debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de la persona afectada, en particular aquellos consagrados en la Carta, y que la resolución que adopte debe poder ser objeto de vías de recurso efectivas, al menos equivalentes a las que se ofrecen en el marco de un procedimiento interno similar y, en concreto, la EOI debe:
    • Estár supeditada al doble requisito de que, por una parte, sea necesaria y proporcionada a los fines de los procedimientos —en particular penales— a que se refiere el artículo 4 de la Directiva, teniendo en cuenta los derechos del sospechoso o acusado, y de que, por otra parte, la medida o medidas de investigación requeridas en la OEI pudieran haberse dictado en las mismas condiciones para un caso interno similar (apartado 57). Así, debe respetar la OEI  las Directivas mencionadas en el considerando 15 de dicha Directiva, relativas a los derechos procesales en procedimientos criminales.

    • Velar por el respeto de los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular el derecho a la presunción de inocencia y los derechos de la defensa previstos en el artículo 48 de esta. Además, cualquier limitación del ejercicio de estos derechos mediante una medida de investigación ordenada de conformidad con esta misma Directiva debe ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, lo que supone, en particular, que la limitación en cuestión ha de ser necesaria, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, y responder efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás (apartado 59).
    • El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2014/41, leído a la luz de su considerando 22, impone a los Estados miembros una obligación general de velar por que resulten aplicables a las medidas de investigación indicadas en la OEI vías de recurso al menos equivalentes a las existentes en un caso interno similar (apartados 60 y 61).
    • A tenor del artículo 14, apartado 7, de la referida Directiva, toda impugnación que prospere contra el reconocimiento o la ejecución de una OEI deberá ser tenida en cuenta por el Estado de emisión con arreglo a su propio Derecho interno. Así pues, sin perjuicio de las normas procesales internas, los Estados miembros deberán velar por que, en los procesos penales en el Estado de emisión, se respeten los derechos de la defensa y la equidad del proceso al evaluar las pruebas obtenidas a través de la OEI (apartado 62).
  • Porque, a su vez, las disposiciones de la Directiva 2014/41 permiten a la autoridad de ejecución, y, de manera más general, al Estado de ejecución, velar por el respeto del principio de proporcionalidad y de los derechos procesales y fundamentales de la persona afectada, en concreto:

    • Del artículo 2, letra d), de la Directiva 2014/41 resulta que el procedimiento de ejecución de una OEI puede requerir una autorización judicial del Estado de ejecución cuando así se disponga en su legislación interna (apartado 65).
    • A tenor del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva, cuando la autoridad de ejecución tuviera razones para creer que no se han cumplido las condiciones establecidas en el apartado 1 de ese artículo, en particular la relativa al requisito de que la medida de investigación ha de ser necesaria y proporcionada a los fines de los procedimientos para los que haya sido emitida, teniendo en cuenta los derechos de la persona afectada, podrá consultar a la autoridad de emisión sobre la importancia de la ejecución de la OEI, lo que puede conducir, en su caso, a la retirada de dicha orden por la autoridad de emisión (apartado 66).
    • En virtud del artículo 10 de la referida Directiva, la autoridad de ejecución también podrá recurrir a una medida de investigación distinta de la prevista en la OEI (apartado 67).
    • Con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra f), de la referida Directiva, se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de una OEI en el Estado de ejecución cuando existan motivos fundados para creer que la ejecución de la medida de investigación indicada en la OEI sería incompatible con las obligaciones del Estado de ejecución de conformidad con el artículo 6 TUE y con la Carta (apartado 68).

 

2020-12-12T10:09:03+00:00 8 December, 2020|Jurisprudencia|
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