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Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos.

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado la Decisión 2020/1999 y el Reglamento 2020/1998 (ambos en vigor desde el 8.12.2020) por los que se establece un régimen global de sanciones en materia de derechos humanos. Por primera vez, la UE se dota de un marco que le permitirá aplicar sanciones a personas, entidades u organismos —incluidos los agentes estatales y no estatales— que sean responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, o estén implicados o sean partícipes en ellos, independientemente de dónde se hayan producido.

El régimen de medidas restrictivas parte de la inclusión por el Consejo (arts. 5 y 6 de la Decisión y 14 y 15 del Reglamento) de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos en el listado que figura como Anexo de la Decisión y como Anexo del Reglamento, Anexos que se revisará periódicamente y al menos cada 12 meses (art. 14.4 del Reglamento).

La inclusión en los mencionados Anexos se producirá como consecuencia de que esas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos hayan protagonizado o estén relacionadas (proporcionando apoyo financiero, técnico o material, o planificando, dirigiendo, ordenando, preparando o facilitando tales actos o prestando asistencia en relación con ellos -art. 2.1 de la Decisión y art. 3 del Reglamento-) con violaciones y los abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, aplicándose a actos como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esclavitud, ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, desaparición forzada de personas, arrestos o detenciones arbitrarios otras violaciones o abusos de los derechos humanos, incluidos, entre otros, los siguientes, siempre que dichas violaciones o abusos sean generalizados, sistemáticos o revistan otro tipo de gravedad respecto de los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el artículo 21 del TUE -trata de seres humanos y abusos de derechos humanos por traficantes de migrantes , violencia sexual y de género, violaciones o abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, violaciones o abusos de la libertad de opinión y de expresión, violaciones o abusos de la libertad de religión o creencias- (Arts. 1 de la Decisión y 2 del Reglamento).

Las medidas restrictivas sobre esas personas físicas, jurídicas, entidades y organismos incluidas en los Anexos abarcan:

  • La prohibición de viajar (entrada y tránsito) a los territorios de los Estados Miembros (art. 2 de la Decisión).
  • La inmovilización de fondos (arts. 3 y 4 de la Decisión y 3 a 8 del Reglamento)

Además, se prohibe a las personas y entidades de la UE:

  • Poner fondos a disposición ni utilizarlos en su beneficio, de forma directa o indirecta, de aquellas que figuren en la lista (art. 3.2 del Reglamento)
  • Participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas de inmovilización de fondos (art. 10 del Reglamento).

Los Estados Miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias (art. 16 del Reglamento) tanto para las personas físicas y jurídicas que incumplan las obligaciones* y a las que es aplicable el Reglamento, esto es (art. 19 del Reglamento):

  • A toda persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;
  • A toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
  • A toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, dentro de la Unión.

Por último, se permite a su vez la depuración de responsabilidades en caso de que por negligencia se adopten medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas (art. 11 del Reglamento).

 

*Salvo que ignorasen o no tuviesen motivos razonables para sospechar que sus acciones podrían infringir las medidas del Reglamento (art. 11.2 del Reglamento).

 

2020-12-12T11:24:46+00:00 7 December, 2020|Legislación|
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