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STC (Pleno) 132/2020, de 23 de septiembre de 2020: cánones constitucionales de la Extradición y la Euroorden.

1. Publica el BOE la STC (Pleno) 132/2020, de 23 de septiembre de 2020, que resuelve la demanda de amparo interpuesta por un ciudadano colombiano (Sr. Aguirre) frente a las resoluciones de la Audiencia Nacional accediendo a su extradición a Colombia para cumplimiento de una pena de 132 meses de privación de libertad impuesta por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en sentencia dictada el 6 de noviembre de 2009, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, sentencia dictada en ausencia del Sr. Aguirre por rebeldía.

El TC concede el amparo por considerar que del expediente de extradición no puede concluirse que existiera un conocimiento efectivo por parte del demandante de amparo de que iba a desarrollarse una vista oral para su enjuiciamiento por el delito por el que fue finalmente condenado y para cuyo cumplimiento se ha solicitado la extradición ni, en consecuencia, que pudiera interpretarse su inasistencia como una renuncia inequívoca a estar presente en el mismo.

Pero el gran valor de la sentencia radica no tanto en esa revisión de la realidad fáctica resultante del expediente, sino que esta ocasión permite al TC tratar su doctrina de la STC 26/2014 (dictada con ocasión de la Euroorden que integró los pronunciamientos de la STJUE -Gran Sala- Melloni que tanta importancia posee en la delimitación y proyección de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión) a supuestos extradicionales y marcar el terreno del debate jurídico futuro.

2. El TC parte de fijar el canon de análisis constitucional común a los dos procedimientos extradicionales y de Euroorden -el procedimiento con todas las garantías (i)- y del pronunciamiento de la STC 26/2014 sobre el contenido absoluto del derecho fundamental en la ejecución de Euroórdenes en casos de sentencias dictadas en ausencia (ii). Y le hubiera bastado con afirmar su aplicación a los procedimientos extradicionales para luego revisar sobre esos parámetros el expediente (iii), pero a lo largo de sus fundamentos jurídicos cuarto y quinto diseña el terreno del debate futuro de la proyección de los derechos fundamentales y actividad del TC sobre estos procesos de colaboración judicial internacional. Así:

2.1 La orden europea de detención y entrega y la extradición no se basan en los mismos principios sustentadores y ello puede resultar determinante a la hora de fijar la valoración de las circunstancias que los órganos judiciales nacionales deben tomar en consideración en el marco del procedimiento tendente a ejecutar la entrega de una persona que está en territorio nacional, bajo la jurisdicción de las autoridades españolas, y es reclamada por otro Estado. Del mismo modo que pueden ser relevantes en el juicio que está llamado a realizar el Tribunal Constitucional, en el marco de un recurso de amparo en que se denuncie que las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en la instancia no se ajustan a las garantías derivadas del art. 24.2 CE. Es decir, siendo posible el control por parte de los tribunales nacionales de actuaciones de poderes públicos no nacionales en los términos descritos, ese control debe tener en cuenta el nivel de riesgo que la falta de control proyecta sobre el disfrute de los derechos fundamentales invocados ante los tribunales llamados a resolver.

2.2 El Tribunal Constitucional, como juez de los derechos fundamentales, mantiene plenitud de facultades para valorar la actuación de los órganos jurisdiccionales de instancia y su sujeción a las garantías previstas en el art. 24 CE, tanto en los supuestos en que los tribunales ordinarios resuelven sobre una extradición, como cuando lo hacen sobre la orden europea de entrega, con la única salvedad de que deberán aplicar la interpretación formulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del Derecho de la Unión cuando este sea aplicable al caso. Pudiendo serlo, tanto en supuestos de extradición (STJUE de 6 de septiembre de 2016, Aleksei Petruhhin, C‑182/15), como en supuestos de ejecución de una orden europea de detención y entrega (por todas STJUE Melloni). Esa facultad admite que el rigor del control se ajuste a la naturaleza del instituto bajo examen de los órganos judiciales de instancia, a la nacionalidad del individuo cuya entrega se solicita, o a circunstancias concomitantes al país que demanda la entrega.

2.3 La jurisprudencia del TC asume, tanto en los supuestos de extradición como de euroorden, un canon mínimo, aplicable a procedimientos no celebrados en territorio nacional, e integrado por los siguientes elementos:

i) El derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa, que ha de considerarse esencial desde la perspectiva del art. 24 CE.

ii) El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede inferirse de los arts. 10 y 11 de la Declaración universal de derechos humanos, de 10 de diciembre de 1948, del art. 14, núms. 1 y 3, del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966 y del art. 6.3 c) del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), en el que se reconoce el derecho “a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor”;

iii) La condena in absentia, no inhabilita ni la extradición, ni la entrega en ejecución de una euroorden, pudiendo admitirse constitucionalmente en determinadas condiciones, atendiendo a intereses que son dignos de protección.

Y es a partir de este punto (esas condiciones) donde el Tribunal Constitucional siembra lo que podrá marcar las diferencias principales a futuro entre extradición y Euroorden en función de la distinta naturaleza y procesos de una y otra institución, pero siempre que se respete el canon mínimo primero y segundo, ya que, en caso de no concurrir, la extradición o la Euroorden se debería denegar si no hay garantías complementarias.

En los términos del propio TC se debe responder a una secuencia lógica que valore primero si el juicio en ausencia se celebró con las debidas garantías, y sólo después si una condena en ausencia respetando todas las garantías, puede dar pie a la extradición (por ejemplo la garantía de un segundo juicio, de la revisión o del recurso de la sentencia, abriendo la puerta al acomodo de las diferencias entre la SJUE Melloni frente a las SSTC 91/2000, 177/2006, 199/2009).

2.4 Con referencia a jurisprudencia del TEDH y del TJUE, el TC resuelve la cuestión desde el análisis del derecho a estar presente y participar en el Juicio, derecho que es renunciable por su libre voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia conste de forma inequívoca; este derecho -y su renuncia- conecta a su vez con el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias dictadas en ausencia, derecho que el TEDH condiciona a que estas personas, cuando hayan sido informadas de manera efectiva de las diligencias, no hayan renunciado de manera inequívoca a su derecho a comparecer.

2.5 Y alcanza así el TC, evolucionando la STC 26/2014 (FJ 4), los criterios comunes a extradición y Euroorden “sobre la eventual constitucionalidad de la entrega a un tercer país a efectos de cumplimiento de una pena impuesta en un juicio celebrado en ausencia y, por lo que respecta únicamente a la exigencia de conocimiento y emplazamiento del condenado, puede concretarse en los siguientes aspectos relevantes:

(i) la regla general desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) es que las personas condenadas en ausencia tienen derecho a que un tribunal se pronuncie de nuevo sobre el fondo del asunto tras ser oídas;

(ii) sólo por vía de excepción se reconoce que no será necesario garantizar ese derecho de revisión cuando se constate que la persona condenada ha sido debidamente emplazada y ha decidido libremente renunciar a su presencia en el juicio, siempre que cuente durante el mismo con la asistencia de abogado para la defensa de sus intereses;

(iii) el debido emplazamiento exige que el acusado, con la suficiente antelación, haya sido informado en persona de la fecha y el lugar del juicio o pueda establecerse por otros medios que sin lugar a dudas ha tenido un conocimiento efectivo de esos aspectos; y

(iv) la renuncia a estar presente en el acto de juicio debe de constar de manera inequívoca mediante una expresión de voluntad expresa o tácita”.

3. Aplicando lo anterior al caso concreto, considera el TC que debe anularse y revisarse la decisión de la Audiencia Nacional por no brotar del análisis del expediente extradicional la renuncia inequívoca a estar presente del demandante en amparo, ni que hubiese tenido un conocimiento efectivo del día y lugar de celebración del Juicio, y retrotraer actuaciones para que haya un nuevo pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental reconocido.

 

NOTAS:

(i) El principio de legalidad extradicional recogido en el art. 13.3 CE no encuentra acomodo en el art. 25.1 CE, sino que el quebranto de tal principio debe ser analizado desde el parámetro de enjuiciamiento que ofrece el art. 24.1 CE, como también desde este parámetro debe ser analizada la oposición a las resoluciones judiciales que ejecuten órdenes europeas de entrega, teniendo en cuenta además que «las leyes que regulan la extradición y la orden europea de entrega ni son leyes penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de aplicación la prohibición constitucional de retroactividad de las leyes penales no favorables al reo (art. 25.1 CE)» (STC 83/2006, FJ 6).

(ii) No vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) la imposición de una condena sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su falta de presencia en el proceso penal seguido, cuando la falta de comparecencia en el acto del juicio conste que ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y éste ha sido efectivamente defendido por letrado designado (fundamento jurídico 4).

(iii) Lo que hace en el Fundamento Jurídico sexto.

2020-11-02T21:24:35+00:00 2 November, 2020|Jurisprudencia|
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