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Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Publica el BOE la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que recoge el resultado de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del convalidado Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril (que queda ahora derogado -DD única L 3/2020-), con entrada en vigor el 20 de septiembre de 2020 (DF décimo tercera L 3/2020) y con afectación a todas las actuaciones procesales penales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan (DT 1 L 3/2020).

Para una adecuada comprensión de la proyección del contenido de la Ley, deben tenerse a su vez en cuenta (i) la guía del CGPJ de buenas prácticas para la prevención de contagios por COVID-19 en las sedes judiciales (actualizada el 8.10.2020), (ii) el Protocolo del CGPJ de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional, y (iii) Guía del CGPJ para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas ya aplicable y llamada a ser, sin duda, el punto de partida del proyecto de ley que regule las normas para la celebración de actos procesales telemáticos, preservando en todo momento las garantías procesales previstas en el ordenamiento jurídico y el derecho de defensa de las partes, que deberá ser remitido a las Cortes por el CGPJ y por la FGE (DF decimosegunda L 3/2020).

Los anteriores instrumentos normativos recogen y desarrollan las siguientes medidas organizativas y tecnológicas (Capítulo 3 L 3/2020) aplicables a la Jurisdicción penal en todo el territorio nacional hasta (al menos -DT Segunda L 3/2020-) el 20 de junio de 2021:

1. Búsqueda de la presencia telemática judicial:

  • Constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones, vistas y, en general, todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los órganos judiciales tengan a su disposición los medios técnicos (Art. 14.1 L 3/2020), no siendo lo anterior aplicable a los procesos penales militares (DA Tercera 2 L 3/2020). Lo anterior es extensible a las diligencias de investigación de Fiscalía (art. 14.4 L3/2020).
  • En la Jurisdicción penal:
    • Será obligatoria la presencia física del acusado (art. 14.2 p1 L3/2020) y del abogado defensor (a solicitud de éste o del acusado, art. 14.2 p3 L 3/2020) en la sede del Tribunal en el acto del juicio oral para los casos de delitos graves (arts. 13.1 y 33.2 CP, delitos con pena de prisión de mas de cinco años -cuyo enjuiciamiento compete a las Audiencias Provinciales, art. 14.4 LECr -), sin que quepa el incumplimiento de la obligación por ningún motivo (ni fuerza mayor ni causa justificada).
    • Podrá solicitar el acusado o su abogado defensor su presencia física en la sede del Juzgado o Tribunal  y deberá acordarse salvo que concurran causas de fuerza mayor o justificadas que lo impidan (art. 14.2 p2 L 3/2020):
      • En juicios en los que las acusaciones soliciten una pena superior a los dos años de prisión. 
      • En las audiencias de prisión provisional (art. 505 LECr), cuando alguna acusación solicite la prisión provisional.
    • No lo señala la L 3/2020, pero de los supuestos que regula y de su contenido, se deduce que no se recoge un derecho explícito del investigado/acusado/condenado y su defensa:
      • A la práctica física en la sede del Juzgado de las diligencias de Instrucción.
      • A la presencia física de la defensa en la sede del Juzgado o Tribunal:
        • En el desarrollo de las diligencias de instrucción que se acuerden (bien de ejecución en la sede, bien de ejecución telemática).
        • En el desarrollo de las vistas (recursos) que se acuerden, con independencia de la pena.
      • A la presencia física del acusado y su defensa en la sede del Juzgado en el acto del juicio oral en los casos en los que las acusaciones no sean superiores a dos años (tampoco recoge el supuesto de la modificación en conclusiones definitivas superando ese límite cuando no se superara en las provisionales)
    • Desde lo anterior,  siempre será alegable por las defensas para solicitar la práctica de diligencias y/o su presencia en la sede del Juzgado o Tribunal:
      • Que el art. 14.5 L 3/2020 exige, en especial, que deberá garantizarse en todo caso el derecho de defensa de los acusados e investigados en los procedimientos penales, en particular, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales.
      • Que el art. 14.6 L 3/2020 prevé que en los actos que se celebren mediante presencia telemática, el juez o letrado de la Administración de Justicia ante quien se celebren podrá decidir la asistencia presencial a la sede del Juzgado o Tribunal de los comparecientes que estime necesarios.
  • La Guía del CGPJ para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas concreta la forma en la que deben materializarse los actos telemáticos judiciales (59 puntos) y las características de los medios técnicos a utilizar (Anexo I de la Guía), con el siguiente contenido:
    • Se debe diferenciar  entre actuaciones judiciales internas (sin participación de ciudadanos ni de operadores jurídicos -deliberaciones de los tribunales, las reuniones de los órganos de gobierno, juntas de jueces, plenos no jurisdiccionales, comunicaciones que jueces y magistrados hayan de sostener con LAJs y funcionarios-) y externas (con participación de ciudadanos y/o de operadores jurídicos).
    • Para las actuaciones judiciales internas debe buscarse su desarrollo telemático (punto 18),
    • Para las actuaciones judiciales externas:
      • Con intervención exclusiva de operadores juridicos (sin prueba): preferencia por la celebración telemática (punto 21).
      • Con intervención de ciudadanos (y práctica de prueba): la preferencia telemática a la que se hace referencia en el artículo 19.1 RDL 16/2020 precisará el cumplimiento de las garantías de:
        • Confidencialidad: a materializarse mediante los medios técnicos que se usen (puntos 36 y 37), y que se especifican en el Anexo I de la Guía.
        • Defensa: En las circunstancias excepcionales en las que el abogado y el acusado no se encuentren en la misma estancia durante la celebración de un juicio penal, el acusado, mientras no preste declaración, deberá contar con la posibilidad de mantener contacto permanente y reservado con su abogado por vía telemática (punto 38). Si la separación es con ocasión de la toma de declaración de un detenido (y vistilla del 505 LECr) debe procurarse que se adopten las medidas oportunas para que pueda tener lugar la entrevista reservada con el abogado, y que esa reserva es efectiva (punto 38).
        • Publicidad:
          • Con carácter general la forma mas idónea sigue siendo la asistencia a la Sala de vistas o en una sala con circuito cerrado se evita el uso indebido de la imagen de los testigos y demás intervinientes- (Punto 40).
          • Si no es posible lo anterior, en la sede electrónica correspondiente se ubicará un “tablón de anuncios virtual” en el que constará la información indicada en el art. 232.2 LOPJ relativa a la fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. En tales casos, el programa que se utilice para la sesión telemática deberá permitir el acceso de terceros mediante clave o invitación, que se facilitará una vez que la persona interesada se acredite, física o virtualmente, ante el juzgado o tribunal (Punto 41).
          • Acceso a los medios de comunicación en los casos de relevancia social o mediática (punto 42).
        • Intangibilidad de los medios de prueba: 
          • Identificación de los intervinientes y desarrollo de la prueba: Se considera que lo más adecuado es que las personas diferentes de los profesionales que tengan intervención en el acto -partes, testigos, peritos- lo hagan en una dependencia judicial, ya sea la propia del órgano en el que se desarrolle el acto u otra más cercana al lugar de residencia de quien intervenga en él (puntos 43) o mediante mecanismos de colaboración judicial internacional (punto 44).
          • Declaración de los acusados: En el orden Jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave -prisión superior a 5 años, ámbito de enjuiciamiento de las Audiencias Provinciales- (Art. 19.2 RDL). Sólo en situaciones de manifiesta imposibilidad de celebración presencial, y siempre que no resulte indicada la suspensión y aplazamiento, se considera aconsejable llevar a cabo la celebración telemática, para lo que se procurará cumplir con las exigencias de defensa y garantías procesales consideradas por la jurisprudencia (punto 45, ver referencias jurisprudenciales al final del artículo*).
          • Prueba pericial: cabe aceptar que la intervención de peritos pertenecientes a organismos públicos se lleve a cabo desde las dependencias oficiales y despachos profesionales, siempre que el juez o tribunal no aprecie razones para que la intervención de estas personas sea presencial (punto 51).
          • Prueba documental para una sesión digital: debe facilitarse con antelación al juzgado o tribunal mediante un sistema que garantice su accesibilidad a los abogados de las partes para su visionado y eventual descarga (punto 30), descarga que debe producirse cuando admita la prueba el Tribunal (punto 31).
          • Interpretes que no hayan de prestar interpretación continua: cabe aceptar que la intervención de intérpretes en procedimientos penales que no hayan de prestar interpretación continua a una de las partes se lleve a cabo desde las dependencias oficiales y despachos profesionales, siempre que el juez o tribunal no aprecie razones para que la intervención de estas personas sea presencial (punto 51).
    • Los miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores y graduados sociales pueden intervenir desde sus dependencias oficiales o despachos profesionales y:
      • Podrán hacerse acompañar de las partes que no hayan de intervenir en el acto o cuya intervención se limite a prestar un consentimiento o cualquier otro acto personalísimo diferente a su participación en la práctica de la prueba (punto 49).
      • Cuando se levante la dispensa actual del uso de la toga de las actuaciones presenciales será necesaria en la misma forma su uso en las sesiones digitales (punto 32).
    • Se pueden intercalar actos presenciales y digitales, tanto en distintas sesiones como en el marco de una misma sesión (punto 25 y 27-toma de declaración telemática de peritos de organismos oficiales, como era ya un hábito judicial-).
    • Se debe comprobar la conectividad de las partes con anterioridad suficiente al acto a desarrollar (punto 29).

2. Medidas en los casos en los que no sea posible la presencia telemática judicial:

  • Las Administraciones Prestaciones dotarán de mamparas de seguridad para asegurar la distancia interpersonales de seguridad de al menos 2m. en todos los ejes de relación (lateral, anterior y posterior) para funcionarios y resto operadores jurídicos, así como fundas de plástico para los micrófonos y mascarillas higiénicas y guantes (Buenas Prácticas del CGPJ IV.10 y 11).
  • Se dispensará del uso de las togas en las actuaciones orales (Art. 17 L 3/2020).
  • El órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales y, cuando se disponga de los medios materiales para ello, podrá acordar también la emisión de las vistas mediante sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido (Art. 15 L 3/2020).
    • Las Comisiones de seguimiento territoriales fijarán en cada sede judicial el aforo máximo que permita mantener en cada dependencia y Salas de Vistas la distancia interpersonal de al menos dos metros (Buena Práctica del CGPJ IV.8).
    • Las Salas de Gobierno junto con las Administraciones Prestaciones, establecerán criterios generales en materia de aforo en salas de vistas en atención a las características de las sedes judiciales en los distintos territorios (Buena Práctica del CGPJ IV.9).

3. Otras medidas:

  • Los informes medico forenses podrán hacerse sin exploración y sólo con la documentación médica existente a su disposición (Art. 16 p1 L 3/2020), si bien el Juez de oficio, o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facultativo encargado, podrá acordar que la exploración se realice de forma presencial (Art. 16 p3 L 3/2020). De acuerdo con el punto 46 de la Guía del CGPJ para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas, se considera aconsejable que el examen forense de detenidos, investigados y víctimas sea en todo caso presencial, sin perjuicio de la posibilidad de ratificación telemática del informe ante el juez o tribunal cuando ello resulte indicado.
  • La atención al público en cualquier sede judicial o fiscalía:
    • Se realizará preferentemente por videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, y que en el ámbito de la jurisdicción militar se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Defensa en el enlace correspondiente (art. 18.1 L 3/2020).
    • Si excepcionalmente resulta imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario para el público obtener previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes, que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer (art. 18.2 L 3/2020).

 

 

2020-10-08T18:18:22+00:00 19 September, 2020|Legislación|
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