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Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Publica el BOE la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, con entrada en vigor el 17 de noviembre de 2020 y que transpone la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que debía estar transpuesta antes del 28 de mayo de 2018 (art. 18 de la Directiva). La Ley Orgánica determina, en lo que a la jurisdicción penal afecta:

a) Localizador de registro PNR; b) Fecha de reserva y de emisión del billete; c) Fechas previstas del viaje; d) Nombres y apellidos; e) Dirección y datos de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico); f) Todos los datos de pago, incluida la dirección de facturación; g) Itinerario completo del viaje para el PNR específico; h) Información sobre viajeros frecuentes; i) Agencia de viajes u operador de viajes; j) Situación de vuelo del pasajero: confirmaciones, facturación, no comparecencia o pasajeros de última hora sin reserva; k) Información PNR escindida o dividida; l) Observaciones generales, incluida toda la información disponible sobre menores de dieciocho años no acompañados, como nombre, apellidos, y sexo del menor, edad, idiomas que habla, nombre, apellidos y dirección de contacto del acompañante en el aeropuerto de salida y vínculo con el menor, nombre, apellidos y dirección de contacto del acompañante en el aeropuerto de llegada y vínculo con el menor, agente en el lugar de salida y de llegada; m) Información sobre el billete, incluidos el número del billete, la fecha de emisión, los billetes solo de ida y la indicación de la tarifa de los billetes electrónicos (Automatic Ticket Fare Quote); n) Datos del asiento, incluido el número; ñ) Información sobre códigos compartidos; o) Toda la información relativa al equipaje;p) Número de viajeros y otros nombres de viajeros que figuran en el PNR: q) Cualquier información recogida en el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (sistema API), incluidos el tipo, número, país de emisión y fecha de expiración de cualquier documento de identidad, nacionalidad, apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, compañía aérea, número de vuelo, fecha de salida, fecha de llegada, aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, hora de salida y hora de llegada; r) Todo el historial de cambios de los datos PNR indicados en los párrafos a) a q).

  • Cuál debe ser su tratamiento (Capítulo II de la LO y art. 6 de la Directiva) por la Unidad de Información sobre Pasajeros española (UIP), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (art. 4 de la Directiva), y su suministro a la misma por las Compañías aéreas (sujetos obligados, art. 3 de la LO y 8 de la Directiva), en los términos de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2017.
  • Cuáles son los delitos a cuya investigación aplica la LO la habilitación para la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 7 y 8 CDFUE y 18.4 CE:
    • Delitos de las organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (art. 4.1)
    • Delitos graves, definiendo a efectos exclusivos de la aplicación de la LO como delitos graves (de forma incompatible con los arts. 13.1 y 33.2.b CP -prisión superior a cinco años-, pero acorde con el concepto normativo europeo autónomo de delito grave determinado por la Directiva -art. 3.9 y Anexo II- y superando con ese concepto autónomo el debate de la STJUE -Gran Sala- Ministerio Fiscal, de 2 de octubre de 2018-) supuestos de tipificación con penas privativas de libertad de duración máxima no inferiores a tres años de los siguientes delitos:1. Pertenencia a una organización delictiva; 2.Trata de seres humanos; 3. Explotación sexual de niños y pornografía infantil; 4. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 5. Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; 6. Corrupción; 7. Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de la Unión; 8. Blanqueo del producto del delito y falsificación de moneda, con inclusión del euro; 9. Delitos informáticos/ciberdelincuencia; 10. Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas; 11. Ayuda a la entrada y residencia ilegales; 12. Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves; 13. Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos; 14. Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes; 15. Robo organizado y a mano armada; 16. Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte; 17. Falsificación y violación de derechos de propiedad intelectual o industrial de mercancías; 18. Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos; 19. Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento; 20. Tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares; 21. Violación; 22. Delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; 23. Secuestro de aeronaves y buques; 24. Sabotaje; 25. Tráfico de vehículos robados; 26. Espionaje industrial.
  • Cuáles son las autoridades competentes para solicitar o recibir de la UIP datos PNR o el resultado del tratamiento de dichos datos a fin de seguir examinando esa información o de adoptar las medidas adecuadas para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves (art. 14.1 de la LO): a) La Dirección General de la Policía -Disposición Adicional Cuarta-. b) La Dirección General de la Guardia Civil-Disposición Adicional Cuarta-. c) El Centro Nacional de Inteligencia -Disposición Adicional Tercera-. d) La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera -Disposición Adicional Quinta-. e) El Ministerio Fiscal -Disposición adicional Sexta-. f) Los cuerpos policiales autonómicos-Disposición Adicional Cuarta-. Deberán hacerlo:
    • Debidamente motivadas y con suficiente base. En ningún caso se admitirán peticiones masivas y no fundamentadas (art. 14.2 de la LO).
    • Colaborando con la UIP, en el ámbito de sus competencias, para el cumplimiento de los fines de la ley orgánica (art. 14.3 de la LO).
  • En cuanto a las solicitudes de Jueces y Tribunales, que tendrán la consideración de autoridades competentes, no les serán de aplicación los apartados 2 y 3 del art. 14, en atención al principio constitucional de independencia del poder judicial, rigiéndose en cuanto a las peticiones de datos y a la colaboración con la UIP por lo que establezca la legislación aplicable al ejercicio de la función jurisdiccional (art 14.4 de la LO), lo que reitera la Disposición adicional sexta. En lo que afecta a la jurisdicción penal y no resolviendo la LECr en concreto cómo proceder con respecto a las solicitudes judiciales de los datos PNR, habrá de acudirse:
    • A la delimitación de la Directiva del concepto de delito grave para justificar la injerencia en los datos PNR tratados (STJUE -Gran Sala- Tele2 Sverige y Watson y otros, apartados 102 y ss).
    • A la imperativa motivación judicial en derecho integrada en la Tutela Judicial Efectiva y especialmente reforzada por afectar a derechos fundamentales (canon de motivación reforzado, por todas STC 48/2014, de 7 de abril), abarcando  la necesidad, idoneidad, proporcionalidad y posibilidad de la solicitud de los datos personales PNR y la injerencia en el derecho fundamental (arts. 7 y 8 CDFUE, 18.4 CE).
  • El periodo de conservación por la UIP de los datos (5 años, art. 19.1 de la LO) y la despersonalización mediante el enmascaramiento de los mismos a los seis meses (art. 19.2 de la LO), consistiendo el «despersonalizar mediante enmascaramiento de elementos de los datos» en hacer invisibles para un usuario aquellos elementos de los datos que servirían para identificar directamente al interesado (art. 3.10 de la Directiva y 19.2 de la LO). Tras los seis meses se permitirá la transmisión de los datos completos cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
    • Que sea necesario para responder en cada caso particular a las peticiones de las autoridades competentes, debidamente motivadas y con suficiente base, para que les transfieran datos PNR en supuestos específicos a efectos de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
    • Que haya sido aprobada por una autoridad judicial o por la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este último caso, se informará de la transmisión al responsable de protección de datos de la UIP, y estará sujeta a la revisión, a posteriori, por parte del mismo.

 

2020-09-17T12:11:43+00:00 17 September, 2020|Legislación|
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