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Normas para la Reactivación Judicial Penal: RDL 16/2020, acuerdos del CGPJ, del TC y Decreto FGE.

Ver Código Electrónico BOE normativa Covid- 19
Ver Repositorio de normas Ministerio de Justicia
Ver portal información general CGPJ de COVID-19
Ver Real Decreto 463/2020, de 14.03.2020 (Consolid)
Ver Real Decreto-L 16/2020, de 28.04.2020 (CONSOLD)

El BOE de 29.04.2020 publicó el RDL 16/2020, de 28 de abril, que recoge las medidas procesales y organizativas propuestas por el Poder Ejecutivo para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y cuya convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados se produjo el 13.05.2020Tras la publicación del RDL:

Los anteriores instrumentos normativos contienen las siguientes medidas:

I. Medidas de carácter procesal (Capítulo 1 RDL).

1. Habilitación de los días 11 a 31 de agosto salvo sábados, domingos y festivos (Art. 1.1 RDL). La comisión permanente del CGPJ acordó, el 11.05.2020 (acuerdo segundo) y en relación a esta habilitación:

  • Limitar en lo posible la celebración de vistas orales en tales fechas, atendido en período vacacional de que se trata y la posibilidad de que se produzcan numerosas suspensiones, frustrándose así el fin perseguido por la ley, sin perjuicio de la celebración de aquellas vistas orales cuya urgencia venga establecida con anterioridad en las leyes procesales.
  • En todo caso, en el supuesto de que se acuerde la práctica de señalamientos en dicho periodo, deberá comunicarse a las partes con suficiente antelación, preferiblemente antes del 15 de junio.
  •  Se reducirán a los supuestos en que resulte imprescindible la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto.

2. Cómputo de los términos y plazos previstos en las leyes procesales que estuvieran corriendo en el momento en el que se dictó el Estado de Alarma y hubieran quedado suspendidos por la DA segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo que se notificaran durante la suspensión (Art. 2.1 RDL):

  • Volverán a computarse desde el inicio, cuando deje de tener efecto la suspensión de plazos.
  • El primer día del cómputo será el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión de plazos.

El RDL no menciona expresamente qué deba suceder con las resoluciones que, sin poner fin al procedimiento, han sido notificadas durante la suspensión de plazos. Ante el silencio, se debe entender que los mismos comenzarán a computar cuando deje de tener efecto la suspensión de plazos.

La Fiscal General del Estado determina en el apartado Tercero de su Decreto de 3.06.2020 que los plazos del art. 324 LECr son plazos procesales, por lo que procedería su reinicio ex art. 2.1 RDL (en línea con lo que había señalado su Secretaría Técnica), pero que dada la tramitación parlamentaria del RDL como Proyecto de Ley, ante posibilidades de modificación de la redacción del art. 2.1 RDL y mientras la misma se sustancie, los fiscales deben optar por el criterio de la reanudación del cómputo de los plazos (no el reinicio), y solicitar la complejidad, prórroga o plazo máximo conforme a la Circular 5/2015. Y se deberá proceder de la misma forma (reanudación) para los plazos de las diligencias de investigación de la Fiscalía.

3. Resoluciones que pongan fin al procedimiento y sean notificadas (i) durante la suspensión de plazos o (ii) durante los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión (Art. 2.2 RDL):

  • Quedan ampliados los plazos, por un plazo igual previsto para la interposición del recurso correspondiente (Plazo x 2).
  • La norma no lo señala, pero el cómputo se iniciaría el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión de plazos, o el siguiente hábil si se produce durante los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión.

II. Medidas de carácter organizativo y tecnológico (Capítulo 3 RDL).

Durante la vigencia del Estado de Alarma y hasta tres meses después de su finalización:

1. Búsqueda de la presencia telemática judicial:

  • Constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones, vistas y, en general, todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los órganos judiciales tengan a su disposición los medios técnicos (Art. 19.1 RDL), no siendo lo anterior aplicable a los procesos penales militares (DA Tercera 2 RDL).
  • La Guía del CGPJ para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas concreta la forma en la que deben materializarse los actos telemáticos judiciales (59 puntos) y las características de los medios técnicos a utilizar (Anexo I de la Guía), con el siguiente contenido:
    • Se debe diferenciar  entre actuaciones judiciales internas (sin participación de ciudadanos ni de operadores jurídicos -deliberaciones de los tribunales, las reuniones de los órganos de gobierno, juntas de jueces, plenos no jurisdiccionales, comunicaciones que jueces y magistrados hayan de sostener con LAJs y funcionarios-) y externas (con participación de ciudadanos y/o de operadores jurídicos).
    • Para las actuaciones judiciales internas debe buscarse su desarrollo telemático (punto 18),
    • Para las actuaciones judiciales externas:
      • Con intervención exclusiva de operadores juridicos (sin prueba): preferencia por la celebración telemática (punto 21).
      • Con intervención de ciudadanos (y práctica de prueba): la preferencia telemática a la que se hace referencia en el artículo 19.1 RDL 16/2020 precisará el cumplimiento de las garantías de:
        • Confidencialidad: a materializarse mediante los medios técnicos que se usen (puntos 36 y 37), y que se especifican en el Anexo I de la Guía.
        • Defensa: En las circunstancias excepcionales en las que el abogado y el acusado no se encuentren en la misma estancia durante la celebración de un juicio penal, el acusado, mientras no preste declaración, deberá contar con la posibilidad de mantener contacto permanente y reservado con su abogado por vía telemática (punto 38). Si la separación es con ocasión de la toma de declaración de un detenido (y vistilla del 505 LECr) debe procurarse que se adopten las medidas oportunas para que pueda tener lugar la entrevista reservada con el abogado, y que esa reserva es efectiva (punto 38).
        • Publicidad:
          • Con carácter general la forma mas idónea sigue siendo la asistencia a la Sala de vistas o en una sala con circuito cerrado se evita el uso indebido de la imagen de los testigos y demás intervinientes- (Punto 40).
          • Si no es posible lo anterior, en la sede electrónica correspondiente se ubicará un “tablón de anuncios virtual” en el que constará la información indicada en el art. 232.2 LOPJ relativa a la fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. En tales casos, el programa que se utilice para la sesión telemática deberá permitir el acceso de terceros mediante clave o invitación, que se facilitará una vez que la persona interesada se acredite, física o virtualmente, ante el juzgado o tribunal (Punto 41).
          • Acceso a los medios de comunicación en los casos de relevancia social o mediática (punto 42).
        • Intangibilidad de los medios de prueba: 
          • Identificación de los intervinientes y desarrollo de la prueba: Se considera que lo más adecuado es que las personas diferentes de los profesionales que tengan intervención en el acto -partes, testigos, peritos- lo hagan en una dependencia judicial, ya sea la propia del órgano en el que se desarrolle el acto u otra más cercana al lugar de residencia de quien intervenga en él (puntos 43) o mediante mecanismos de colaboración judicial internacional (punto 44).
          • Declaración de los acusados: En el orden Jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave -prisión superior a 5 años, ámbito de enjuiciamiento de las Audiencias Provinciales- (Art. 19.2 RDL). Sólo en situaciones de manifiesta imposibilidad de celebración presencial, y siempre que no resulte indicada la suspensión y aplazamiento, se considera aconsejable llevar a cabo la celebración telemática, para lo que se procurará cumplir con las exigencias de defensa y garantías procesales consideradas por la jurisprudencia (punto 45, ver referencias jurisprudenciales al final del artículo*).
          • Prueba pericial: cabe aceptar que la intervención de peritos pertenecientes a organismos públicos se lleve a cabo desde las dependencias oficiales y despachos profesionales, siempre que el juez o tribunal no aprecie razones para que la intervención de estas personas sea presencial (punto 51).
          • Prueba documental para una sesión digital: debe facilitarse con antelación al juzgado o tribunal mediante un sistema que garantice su accesibilidad a los abogados de las partes para su visionado y eventual descarga (punto 30), descarga que debe producirse cuando admita la prueba el Tribunal (punto 31).
          • Interpretes que no hayan de prestar interpretación continua: cabe aceptar que la intervención de intérpretes en procedimientos penales que no hayan de prestar interpretación continua a una de las partes se lleve a cabo desde las dependencias oficiales y despachos profesionales, siempre que el juez o tribunal no aprecie razones para que la intervención de estas personas sea presencial (punto 51).
    • Los miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores y graduados sociales pueden intervenir desde sus dependencias oficiales o despachos profesionales y:
      • Podrán hacerse acompañar de las partes que no hayan de intervenir en el acto o cuya intervención se limite a prestar un consentimiento o cualquier otro acto personalísimo diferente a su participación en la práctica de la prueba (punto 49).
      • Cuando se levante la dispensa actual del uso de la toga de las actuaciones presenciales será necesaria en la misma forma su uso en las sesiones digitales (punto 32).
    • Se pueden intercalar actos presenciales y digitales, tanto en distintas sesiones como en el marco de una misma sesión (punto 25 y 27-toma de declaración telemática de peritos de organismos oficiales, como era ya un hábito judicial-).
    • Se debe comprobar la conectividad de las partes con anterioridad suficiente al acto a desarrollar (punto 29).

2. Cuando no sea posible la presencia telemática, aplicación de las siguientes normas:

  • Las Administraciones Prestaciones dotarán de mamparas de seguridad para asegurar la distancia interpersonales de seguridad de al menos 2m. en todos los ejes de relación (lateral, anterior y posterior) para funcionarios y resto operadores jurídicos, así como fundas de plástico para los micrófonos y mascarillas higiénicas y guantes (Buenas Prácticas del CGPJ IV.10 y 11).
  • El órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales (Art. 20 RDL).
    • Las Comisiones de seguimiento territoriales fijarán en cada sede judicial el aforo máximo que permita mantener en cada dependencia y Salas de Vistas la distancia interpersonal de al menos dos metros (Buena Práctica del CGPJ IV.8).
    • Las Salas de Gobierno junto con las Administraciones Prestaciones, establecerán criterios generales en materia de aforo en salas de vistas en atención a las características de las sedes judiciales en los distintos territorios (Buena Práctica del CGPJ IV.9)
  • Se dispensará del uso de las togas en las actuaciones orales (Art. 22 RDL).

3. Otras medidas:

  • Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional deben desarrollar el establecimiento de un ‘Protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos’ (Buenas Prácticas CGPJ IV.13).
  • Los informes medico forenses podrán hacerse sin exploración y sólo con la documentación médica existente a su disposición (3.Art. 21 RDL). De acuerdo con el punto 46 de la Guía del CGPJ para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas, se considera aconsejable que el examen forense de detenidos, investigados y víctimas sea en todo caso presencial, sin perjuicio de la posibilidad de ratificación telemática del informe ante el juez o tribunal cuando ello resulte indicado.
  • La atención al público en cualquier sede judicial deberá ser telefónica o por correo electrónico. En los casos en los que sea imprescindible acudir, será necesario obtener cita previa (art. 23 RDL).

III. Jurisdicción Constitucional (Acuerdos del Pleno del TC de 16.03.2020 y 5.05.2020).

Mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16.03.2020, el órgano constitucional determinó que los plazos para realizar cualquier actuación procesal o administrativa ante el Tribunal Constitucional se encuentran suspendidos,  sin perjuicio de lo que se podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos, a través del Registro electrónico accesible en la sede electrónica www.tribunalconstitucional.es.

Tras la publicación del RDL 16/2020 y desde su inaplicabilidad directa a la jurisdicción Constitucional el Pleno del Tribunal Constitucional adoptó el 6.05.2020 nuevo acuerdo, determinando la forma en la que la jurisdicción constitucional procederá a reanudar su actividad cuando se levante la suspensión del cómputo de los plazos:

  • En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los términos y plazos volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos.

  • Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos constitucionales serán los establecidos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, computándose como en el apartado anterior.

  • Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio de la voluntaria presentación de escritos a través del registro electrónico. La inhabilidad no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal, y en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado acuerdo.

 

*Sentencias del Tribunal Constitucional 2/2010, de 11 de enero; del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de noviembre de 2007 -Zagaria v. Italia- o 5 de octubre de 2006 -Marcello v. Italia- y del Tribunal Supremo 161/2015 de 17 de marzo -ROJ: STS 812/2015- y 678/2005 de 16 de mayo -ROJ: STS 3116/2005-.

2020-06-07T19:51:31+00:00 4 June, 2020|Legislación|
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