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STEDH (Gran Sala) Mihalache c. Rumanía, de 8 de julio de 2019, sobre la determinación de los conceptos absuelto y condenado del bis in ídem procesal (art. 4 del Protocolo 7 CEDH).

La Gran Sala del TEDH complementa su doctrina del derecho contenido en el art. 4 del Protocolo 7 del CEDH (Bis in Idem) concretando por primera vez en relación a su dimensión procesal (bis):

(i) En su apartado 95, las características que ha de reunir la decisión que se dicte en primer lugar para que pueda ser considerada desde la perspectiva del art. 4.1 del Protocolo 7 del CEDH (sobre la duda de si ha de ser judicial o no, desde las diferencias de la redacción inglesa y francesa): que haya sido dictada por una autoridad que participe de la administración de justicia del sistema nacional de referencia, y que esa autoridad sea competente en ese sistema nacional para determinar y sancionar comportamientos contrarios a la ley de una persona que ha sido acusada.

(ii) En sus apartados 97 y 98, los conceptos autónomos de absuelto o condenado sobre los que tenga que desprenderse la consideración de “res iudicata”:  esas palabras hacen referencia a situaciones en las que la responsabilidad penal del acusado se ha tenido que establecer después de una evaluación de las circunstancias del caso por una autoridad investida de capacidad de tomar la decisión con un análisis del fondo del asunto. Esa autoridad deberá haber estudiado o evaluado las pruebas del expediente y la participación del demandante en uno o todos los hechos que motivaron la intervención de los órganos de investigación, con el fin de valorar si lo que contiene la decisión es una declaración de responsabilidad penal. Cuando una investigación se haya iniciado después de que una acusación se hubiera dirigido frente a la persona investigada, se haya tomado declaración a la víctima, las pruebas hayan sido acumuladas y examinadas por la autoridad competente y una decisión razonada haya sido dictada sobre la base de esas pruebas, se estará en el contexto de apreciar que ha existido una decisión sobre el fondo del asunto.

(iii) En sus apartados 110 a 116 reitera la necesidad de que el ordenamiento nacional de certeza a sus ciudadanos sobre el momento en el que una resolución dictada en un proceso penal es irrevocable, estableciendo referentes objetivos al respecto y no admitiendo, salvo en el caso de los supuestos de revisión de la decisión – art. 4.2 del Protocolo 7-, los recursos extraordinarios indeterminados que retrasen sine die el final procesal, convirtiendo el derecho reconocido por el art. 4 del Protocolo 7 en algo teórico e ilusorio y no práctico y efectivo.

STEDH (Gran Sala) Mihalache c. Rumanía, de 8 de julio de 2019
2019-07-10T07:35:22+00:00 8 July, 2019|Jurisprudencia|
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