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STS 108/2019, de 5 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, inimputabilidad de las sociedades pantalla sin actividad lícita, creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 352/2017 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 25 de septiembre de 2017, reiterando la jurisprudencia de la Sala en relación a la innecesaria imputación de las personas jurídicas que carecen de cualquier actividad mercantil o empresarial, de organización o de infraestructura y que sean meras sociedades pantalla creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal urdido, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación de la actividad criminal, y ello con el siguiente contenido:

FJ SÉPTIMO.- “Conforme señala la sentencia de esta Sala núm. 154/2016, de 29 de febrero , “… la sociedad meramente instrumental, o “pantalla “, creada exclusivamente para servir de instrumento en la comisión del delito por la persona física, ha de ser considerada al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis, por resultar insólito pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de ella, dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control y, por ende, de cultura de respeto o desafección hacia la norma, respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia y que, por consiguiente, quizás hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía del artículo 129 del Código Penal , que contemplaba la aplicación de semejante “consecuencia accesoria” a aquellos entes que carecen de una verdadera personalidad jurídica en términos de licitud para desempeñarse en el tráfico jurídico o, en su caso, la mera declaración de su inexistencia como verdadera persona jurídica, con la ulterior comunicación al registro correspondiente para la anulación, o cancelación, de su asiento.

A este respecto la propia Fiscalía, en su Circular 1/2016, aporta para supuestos futuros semejantes una solución solvente y sobre todo procesalmente muy práctica, extraída de planteamientos propuestos por la más acreditada doctrina científica, cuando en sus págs. 27 y siguientes dice así:

“Junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden producir comportamientos delictivos, existen otras estructuras societarias cuya finalidad exclusiva o principal es precisamente la comisión de delitos. El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no está realmente diseñado para ellas (supervisión de los subordinados, programas de cumplimiento normativo, régimen de atenuantes…) de tal modo que la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de la conducta, que podrá en su caso completarse con otros instrumentos como el decomiso o las medidas cautelares reales. Se entiende así que las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo.

Con anterioridad a la introducción de estos programas, ya advertía la Circular 1/2011 que no se precisaba imputar necesariamente a la persona jurídica en aquellos casos en los que se detectara la existencia de sociedades pantalla o de fachada, caracterizadas por la ausencia de verdadera actividad, organización, infraestructura propia, patrimonio etc., utilizadas como herramientas del delito o para dificultar su investigación. Nada impide -se dice en esta Circular- el recurso a la figura de la simulación contractual o a la doctrina del levantamiento del velo.

 El rechazo a la imputación de la persona jurídica en los referidos supuestos tiene una indiscutible trascendencia procesal pues esta resulta privada de los derechos y garantías que, a semejanza de la imputada persona física, fueron introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.”
En aquel caso, la sentencia terminaba manteniendo la imposición de la pena de disolución que había sido impuesta por el Tribunal de instancia, al haber sido acreditado el carácter exclusivamente ilícito de su actividad y la comisión del delito contra la salud pública por su representante. Y destacaba el carácter esencialmente formal de dicha pena explicando que, “cumplida y agotada la “misión” delictiva para la que fue realmente constituida, su existencia en la práctica perdió ya sentido, junto con la de multa que, obviamente, será de, cuando menos, muy difícil ejecución.”
3. En el supuesto de autos, el precepto legal a través del cual se articula el presente motivo, nos conduce de nuevo a partir de los hechos declarados probados. De esta forma, la sentencia declara probado: “… el acusado Desiderio , además de la creación de numerosas sociedades que, aun participadas por otras personas, físicas o jurídicas, a modo de testaferros, dirigía él, en su condición de administrador/apoderado, y de la apertura de numerosas cuentas bancarias con las que operar para dificultar, con sucesivos traspasos y transferencias, el seguimiento del dinero obtenido fraudulentamente, cuentas en las que, fuera cual fuera la sociedad que las titularizara, él era prácticamente el único disponente, diseñó una auténtica puesta en escena con la que convencer a sus víctimas de la seriedad de negocio y de la solvencia y prestigio, tanto personal como de la empresa a la que representaba, y disipar posteriormente, recibido el dinero de aquéllas y ante el transcurso del tiempo sin justificar actividad alguna, las lógicas y fundadas dudas que en ellas surgieran sobre la realidad o mendacidad del mismo. En orden a conseguir la finalidad pretendida el acusado Desiderio creó un entramado societario con la utilización, según se ha dicho, de testaferros, en el que él ostentaba prácticamente con exclusividad los cargos que aglutinaban el único poder decisorio. Además de otras sociedades que fueron creadas en su momento, VALLEE DES ALDUDES SL,GRUPOINVERSOR RAMSEY SL, IST TECNOLOGÍAS SA, STERBERG TECHNOLOGY SL, WTS & SCINET CORPORATION LTD, SCINET FACTORY LTD y FACTORING & MANAGEMENT LTD, ésta última ya disuelta según el Registro Mercantil del Reino Unido, en las que el acusado Desiderio figuraba como administrador único o apoderado, y en alguna de las cuales la también acusada Verónica tiene el cien por ciento del capital social y cargos de representación, sociedades a las que, desde las cuentas bancarias en las que las víctimas hicieron sus ingresos, fueron desviadas importantes cantidades de dinero, han sido las mercantiles SCINET CORPORATION LIMITED y SCINET MINIPLANTAS DE ESPANA SL las utilizadas para la perpetración de los hechos fraudulentos objeto de la presente causa. Según la documentación unida, SCINET CORPORATION, supuestamente constituida en Panamá y de la que Desiderio , dispondría de poder otorgado a su favor desde el año 1999, constituyó la mercantil SCINET CORPORATION LIMITED mediante escritura otorgada en el Reino Unido en el año 2001, de la que igualmente Desiderio , en virtud de escritura de poder otorgada en Londres en fecha uno de Abril de 2003, fue nombrado apoderado con poderes absolutos para actuar en representación de la misma, procediendo el citado Desiderio , por posterior escritura pública de 22 de Noviembre de 2005, actuando en nombre de SCINET CORPORATION LTD, a otorgar poder a favor de la también acusada Verónica , pasando ésta, ya en fecha tres de Marzo de 2010, según el Registro Mercantil del Reino Unido, a ostentar la condición de directora de la misma. …
Las sociedades mencionadas carecen de cualquier actividad mercantil o empresarial, de organización o de infraestructura etc. Se trata de meras sociedades pantalla creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal urdido, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación de la actividad criminal.
En particular, SCINET CORPORATION LTD no posee bienes materiales, ni instalaciones, carece de contabilidad, no dispone de clientes ni de proveedores, no tiene altas de trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social, no desarrolla actividad comercial alguna según información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, según evidencian sus propias cuentas bancarias, no ha solicitado en momento alguno financiación de entidades bancarias o de crédito, no constando tampoco que solicitara públicas para acometer el ingente y costoso proyecto que ofertaba.”
Es evidente pues, que conforme se relata en el apartado de hechos probados de la resolución recurrida, nos hallamos ante personas jurídicas estrictamente instrumentales o “pantalla “, carentes por tanto de cualquier actividad lícita y utilizadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Por ello se encuentran totalmente al margen del artículo 31 bis del Código Penal .
Pero es que, además, en las citadas sociedades Don Desiderio figuraba como administrador único o apoderado, y en alguna de ellas Doña Verónica tenía el cien por cien del capital social y de los cargos de representación. Se trataban, por tanto, de meros instrumentos en manos de los acusados quienes han tenido en todo momento conocimiento de lo actuado y posibilidad de oponerse activamente a las pretensiones de las acusaciones, como lo prueba el hecho de haberse deducido por el Sr. Desiderio el presente motivo, ya que, en otro caso, carecería de legitimación para actuar en interés de las citadas sociedades“.
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2019-03-16T19:44:42+00:00 16 March, 2019|Jurisprudencia|
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