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Incorporación al Ordenamiento Jurídico Español de la instrucción penal del Ministerio Fiscal y del Juez de Garantías desde el 3 de julio de 2021.

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(i) La entrada en vigor el 3 de julio de 2021 de la LO 9/2021, de 2 de julio, supone la incorporación al ordenamiento jurídico español de la instrucción penal por parte del Ministerio Fiscal en los casos:

  1. De los delitos contra la Hacienda de la Unión no referidos a impuestos directos nacionales, tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306;
  2. De la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el artículo 308;
  3. De los delitos de cohecho cuando perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la Unión;
  4. Del delito de malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses financieros de la Unión;
  5. Del delito de blanqueo de capitales que afecten a bienes procedentes de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión;
  6. De los delitos tipificados en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, cuando afecten a los intereses financieros de la Unión;
  7. Del delito relativo a la participación en una organización criminal tipificado en el artículo 570 bis, cuya actividad principal sea la comisión de alguno de los anteriores delitos.
  8. De los delitos conexos a los anteriores.

 Estos procedimientos estarán regulados por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea y, en lo no previsto por los mismos, por la LO 9/2021, de 2 de julio.

(ii) Los Fiscales a cargo de las anteriores instrucciones serán los Fiscales Europeos Delegados, que son el nivel descentralizado (ubicados en los países miembros) de la Fiscalía Europea, que posee sede en Luxemburgo y la siguiente estructura orgánica centralizada:

  1. El Colegio: compuesto por el Fiscal General Europeo y un Fiscal Europeo por Estado miembro, como órgano de gobierno que adoptará sus decisiones por mayoría simple, con el voto de calidad del Fiscal General Europeo.
  2. Las Salas Permanentes: establecidas por el Colegio, que supervisarán y dirigirán las investigaciones y acusaciones realizadas por los Fiscales Europeos Delegados, decidiendo:
    1. Llevar un caso a juicio;
    2. Archivar un caso;
    3. Aplicar un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal y ordenar al Fiscal Europeo Delegado que adopte las actuaciones necesarias para poner fin al caso.
    4. Remitir un caso a las autoridades nacionales.
    5. Reabrir una investigación.
  1. El Fiscal General Europeo: que organizará los trabajos de la Fiscalía Europea y dirigirá sus actividades. Es nombrado por el Parlamento Europeo y el Consejo con un mandato de siete años no renovable.
  2. Los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo: son dos fiscales adjuntos, que le auxiliarán, nombrados por el Colegio con un mandato de tres años.
  3. Los Fiscales Europeos: En nombre de las Salas Permanentes, supervisan las investigaciones y acciones penales de las que sean responsables los Fiscales Europeos Delegados encargados del caso en su Estado miembro de origen. Los Fiscales Europeos presentarán resúmenes de los casos bajo su supervisión y, cuando proceda, propuestas de decisión que habrá de adoptar la mencionada Sala, a partir de propuestas de decisión elaboradas por los Fiscales Europeos Delegados. Cada Estado propondrá tres candidatos que deberán superar un dictamen motivado del Comité de Selección, y el Consejo elegirá a uno por cada Estado, con un mandato de seis años (prorrogable tres mas), renovándose un tercio de los mismos cada tres años y pudiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destituir a un Fiscal si considera que no está en condiciones de desempeñar su cargo. En el caso de España, de la terna de candidatos el Consejo seleccionó a Dña. María Concepción Sabadell Carnicero como Fiscal Europeo representante de España, con un mandato de tres años (para materializar la rotación) hasta el 29.07.2023.
  1. Las investigaciones en los países miembros se desarrollará por los Fiscales Europeos Delegados, que actuarán en nombre de la Fiscalía Europea en sus respectivos Estados miembros, debiendo existir al menos dos Fiscales Europeos Delegados por cada Estado Miembro. El nombramiento de los Fiscales Europeos Delegados se efectúa por el Colegio a propuesta del Fiscal General Europeo, de entre los candidatos propuestos por cada Estado miembro, con un mandato de cinco años renovable, pudiendo ser destituidos por el Colegio. Los Estados Miembros no podrán destituirle por motivos vinculados a sus responsabilidades sin el consentimiento del Fiscal General Europeo. En caso de que el Fiscal General Europeo no diera su consentimiento, el Estado miembro interesado podrá pedir al Colegio que examine la cuestión. En el caso de España, se convocó el proceso para la selección de candidatos para que el Fiscal General Europeo proponga de entre los mismos los Fiscales Generales Delegados, habiéndose seleccionado  a doña Ohiana Azcue Labayen, don Víctor Joaquín González-Herrero González, doña Gloria Yoshiko Kondo Pérez, doña María Elena Lorente Pablo, doña Olga Muñoz Mota, doña Laura Pellón Suárez de Puga y don Pablo Rafael Ruz Gutiérrez como integrantes de la lista que se comunicará a la Fiscal General Europea para su aprobación por el Colegio. El Colegio aún no ha designado los Fiscales Europeos Delegados de España.

 El funcionamiento de los anteriores órganos ha de regirse, además de por el Reglamento 2017/1939 del Consejo, por el Reglamento Interno de la Fiscalía Europea.

 (iii) Las principales diferencias entre la instrucción a materializar por los Fiscales Europeos Delegados (procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea) y la del resto de procedimientos de la jurisdicción penal son: 

1.El Fiscal Europeo Delegado dirigirá la investigación por los hechos que determinen su competencia, impulsando la misma hacia donde considere más efectivo para poder proponer la decisión de si procede el enjuiciamiento de los hechos o la terminación anticipada del procedimiento (sobreseimiento), debiendo a su vez durante ese tiempo manifestar su falta/pérdida de competencia si así lo identifica.

En ese proceso, es a su vez el Ministerio Fiscal quien posee las actuaciones del procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea (como sucede con las actuales Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal) que se registrarán como procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea y se anotarán en el sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea.

 El Fiscal Europeo Delegado podrá funcionar con autonomía en ese proceso (incluyendo la detención -art. 78 LO 9/2021-, la adopción de medidas cautelares sobre la persona jurídica -art. 54 de la LO 9/2021- y la adopción de medidas cautelares reales -arts. 52 y ss LO 9/2021-, y) con revisión de sus decretos por el Juez de Garantías (cuando así lo prevea la LO 9/2021, arts. 90 y ss LO 9/2021), salvo que su investigación requiera:

  • La práctica de diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales:
    • Entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas (arts. 46 y 47 LO 9/2021).
    • Interceptación de comunicaciones y medidas de investigación tecnológica (art. 48 LO 9/2021).
    • Cualquier otra reservada a la autoridad judicial por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico (art. 42 LO 9/2021).
  • Acordar las medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial (arts. 77 y ss LO 9/2021).
  • Asegurar la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma (arts. 96 y ss LO 9/2021).
  • Autorizar el secreto de la investigación y su prórroga (arts. 64 y ss LO 9/2021).
  • Adoptar las medidas de protección de testigos y peritos (art. 45 LO 9/2021).

En esos casos, el Fiscal Europeo Delegado deberá remitir su solicitud para la decisión del Juez de Garantías, sometiéndose a la misma (arts. 69 y ss LO 9/2021).

Este mismo Juez de garantías, a propuesta del Fiscal Europeo Delegado, será el encargado de resolver, una vez madura la investigación (las previsiones contenidas en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no serán de aplicación en los procedimientos que se sigan ante la Fiscalía Europea), la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento y, hasta que esté madura la investigación, el Juez de Garantías resolverá las impugnaciones que existan contra los decretos del Fiscal Europeo Delegado.

Las resoluciones del Juez de garantías serán recurribles en apelación cuando así lo prevea la LO 9/2021 (arts. 92 y ss LO 9/2021).

2. Esa competencia Judicial está atribuida a la Audiencia Nacional salvo supuestos de aforamiento, correspondiendo en ese caso competencia al Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, debiendo constituirse en cada uno de esos órganos un Juez de garantías. Los recursos de apelación frente las resoluciones del Juez de Garantías los resolverá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y las salas que para resolver el recurso se constituyan en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

Las discrepancias de competencia por razón de la materia se resolverán:

  • Si se trata de discrepancias entre la Fiscalía Europea y un juzgado de instrucción que ya estuviera conociendo del asunto, se tramitará como una cuestión de competencia cuya resolución corresponderá a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, previo informe del Ministerio Fiscal.
  • Si se trata de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional, resolverá el Fiscal General del Estado.

3. La Conclusión del proceso de investigación puede producirse por cualquiera de estas decisiones del Fiscal Europeo Delegado:

  1. Decreto de pérdida de la competencia (arts. 107 y ss LO 9/2021): si el Fiscal Delegado Europeo considera en cualquier momento de la investigación que hubiera perdido la competencia, lo comunicará a la Fiscalía General del Estado que podrá:
    1. Aceptar la acomodación del procedimiento, remitiendo lo actuado al Juzgado de Instrucción competente.
    2. No aceptar remisión a la autoridad nacional, procediendo el Fiscal Europeo Delegado como sigue.
  2. Decreto de archivo por improcedencia del ejercicio de la acción penal en los supuestos contemplados en el artículo 39.1 del Reglamento (art. 111 LO 9/2021, con las excepciones del art. 112), pudiendo procederse a la reapertura (art. 113 LO 9/2021).
  3. Decreto de solicitud de sentencia de conformidad, presentando ante el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento escrito de acusación suscrito conjuntamente con la defensa de la persona encausada (art. 110 LO 9/2021).
  4. Decreto acordando ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales de otro Estado miembro, disponiendo el archivo del procedimiento seguido en España.
  5. Decreto de solicitud de apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación (art. 115 LO 9/2021) que tendrá el mismo contenido previsto en el art. 650 LECr y la proposición de prueba para el juicio, pero que en ningún caso se referirá a aspectos relativos a la responsabilidad civil sobre los que corresponda disponer a la acusación particular o al actor civil personados.

4. Si se formula escrito de acusación por el Fiscal Europeo Delegado, se dará traslado a las acusaciones particulares y al actor civil, si los hubiera, así como a las víctimas no personadas se persone en ese momento podrán presentar en el plazo de diez días sus propios escritos de acusación y reclamación civil (art. 114.2 LO 9/2021) y, con los que se hubieren presentado, se dará traslado a la defensa para que en el plazo de diez días presenten su escrito de defensa con el siguiente contenido (art. 117 LO 9/2021):

 -La impugnación de la acusación formulada por concurrir un motivo de sobreseimiento (si no se impugna la acusación, se acordará sin más trámite la apertura del juicio oral), promoviendo en su caso la celebración de la audiencia preliminar. Este escrito de impugnación deberá contener (art. 118 LO 9/2021):

  1. a) El motivo de sobreseimiento alegado, expresando su fundamento y acompañando los documentos que lo justifican.
  2. b) Las diligencias que hayan de practicarse a instancia de la defensa para poner de manifiesto la procedencia del sobreseimiento, justificando que fueron propuestas en el curso de la investigación y no llegaron a practicarse.

– La calificación provisional (art. 119 LO 9/2021).

– La proposición de prueba para el juicio oral (art. 120 LO 9/2021).

Si se impugna la acusación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de los escritos de defensa a las demás partes para que realicen alegaciones por escrito sobre las impugnaciones efectuadas y sobre las diligencias propuestas en el plazo común e improrrogable de cinco días.

Tras lo anterior, el Juez de garantías resolverá sobre las diligencias solicitadas por la defensa en relación con la petición de sobreseimiento, admitiendo únicamente aquellas que, siendo relevantes para la apertura del juicio oral, fueron propuestas durante la investigación y no se practicaron. Las diligencias propuestas, si se admitiesen, se practicarán en el curso de la audiencia preliminar en la forma establecida en la LECr para la práctica de la prueba en el juicio oral.

5. Acordada la práctica de la Audiencia preliminar (art. 122 LO 9/2021), se celebrará con presencia de todas las partes y en unidad de acto (El juez, atendiendo a la existencia de un interés informativo relevante, podrá, oídas las partes, acordar la publicidad de esta audiencia), teniéndose por desistidas del ejercicio de la acción y apartadas del procedimiento a las acusaciones particulares que dejen de comparecer sin alegar justa.

Practicadas en su caso las diligencias solicitadas, el Juez de garantías oirá a todas las partes sobre el fundamento de la impugnación pudiendo, en cualquier momento, formularles las preguntas y solicitarles las aclaraciones que considere necesarias, pudiendo examinar por sí mismo el procedimiento de investigación.

En los diez días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, el juez dictará auto acordando el sobreseimiento (arts. 123 y ss LO 9/2021) o la apertura del Juicio oral (arts. 127 y ss LO 9/2021), dictando en este último caso auto recogiendo los hechos justiciables que serán los que habiendo sido objeto de los escritos de acusación no sean expresamente excluidos del enjuiciamiento (art. 127.1.b LO 9/2021), no pudiendo los escritos de acusación contener hechos que no hayan sido comunicados a la persona investigada en la comparecencia prevista para el investigado en los artículos 27 y 28 de la LO 9/2021 (art. 115.1.1ª LO 9/2021), y emplazando el Letrado de la Administración de Justicia a las partes a personarse en el plazo de quince días ante el Juez o Tribunal competente (art. 131 LO 9/2021)

6. Se excluye la posible intervención de la acusación popular en estos procedimientos (art. 36.5 LO 9/2021), lo que sin duda generará el cuestionamiento del acomodo a las previsiones constitucionales de la LO 9/2021 al art. 125 CE. El preámbulo de la norma justifica esta opción con el siguiente fundamento: “Por otro lado, como opción de política criminal, en línea armonizadora procesal con los países en los que se aplica el Reglamento, se ha excluido la legitimación activa de la acusación popular”.

 

2021-07-03T11:05:42+00:00 3 julio, 2021|Legislación|
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