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Modificación de los arts. 118 y 120 CP por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Publica el BOE de 3.06.2021 la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y que supone la incorporación al ordenamiento jurídico del propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente, en los términos de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

En los términos del preámbulo de la norma, «el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse. Muy al contrario, la idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise, apoyo que, tal y como la ya citada Observación General de 2014 recuerda, es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. […] No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio. La reforma normativa impulsada por esta Ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas».

Para ello la Ley aborda una modificación del Código Civil, de la Ley del Notariado, de la Ley Hipotecaria, de la Ley del Registro Civil, del Código de Comercio, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y, también, del Código Penal.

En su Disposición Final Primera, la Ley 8/2021, de 2 de junio modifica los arts. 118.1 CP (Responsables civiles directos) y 120.1 CP (Responsables civiles subsidiarios) y la Disposición Adicional Primera (Procesos de incapacitación civil posteriores a la declaración de la exención penal). Esas modificaciones responden a la búsqueda de coherencia entre las previsiones de nuestro Código Penal relativas a situaciones de personas con discapacidad y las modificaciones legales que con respecto a las mismas se efectúan en la legislación civil. Así, las modificaciones afectantes al Código Penal, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021 (Disposición Final Tercera), abarcan:

  • La modificación del art. 118.1 CP consiste en sustituir la referencia como sujetos responsables directos a quienes «los tengan (a los exentos de responsabilidad penal por el 20.1 p 20.3 CP) bajo su potestad o guarda legal o de hecho«, por «quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho«, acogiendo así la modificación del Titulo XI del Libro Primero del Código Civil (De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica) y todas las situaciones en el reguladas (que abarcan todo tipo de situaciones de ayuda).
    • Antiguo Texto: «1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables».
    • Nuevo Texto: «1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables».
  • La modificación del 120.1 CP, que sustituye las referencias a las situaciones de responsabilidad civil subsidiaria por patria potestad de mayores de dieciocho años o tutela por la referencia a los curadores, de acuerdo con la nueva regulación de la institución que sustituye, en el ámbito de la discapacidad, a la tutela, a la patria potestad prorrogada y a la patria potestad rehabilitada.
    • Antiguo Texto: «1.º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia».
    • Nuevo Texto: «1.º Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia«.
  • La modificación de la Disposición Adicional Primera, que adapta las referencias previas a las medidas de incapacitación o internamiento, a las medidas de apoyo a la persona con discapacidad que se incorporan al ordenamiento jurídico. 
    • Antiguo Texto: «Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20 de este Código, el Ministerio Fiscal instará, si fuera procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción Civil, salvo que la misma hubiera sido ya anteriormente acordada y, en su caso, el internamiento conforme a las normas de la legislación civil».
    • Nuevo Texto: «Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20, el Ministerio Fiscal evaluará, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia de promover un proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona con discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran sido ya anteriormente acordadas, para su revisión«.

 

2021-06-03T08:43:37+00:00 3 junio, 2021|Legislación|
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