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Derechos fundamentales y Estado de Alarma. ATC de 30 de abril de 2020: el derecho fundamental de manifestación no estaría suspendido, siendo proporcional su limitación mediante la prohibición de una manifestación. Proyecciones sobre la libertad de circulación y el derecho de reunión.

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1. El TC resuelve mediante Auto de 30 de abril de 2020 dictado por su Sala Primera (descargar resolución) compuesta por D. Juan José González Rivas, D. Andrés Ollero Tassara, D. Santiago Maitínez Vares García, D. Alfredo Montoya Melgar, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, y Dña. María Luisa Balaguer Callejón, la primera de las solicitudes de amparo de derechos fundamentales planteadas ante el Tribunal tras el dictado del RD 463/2020 (Estado de Alarma), confirmando que la denegación de la autorización de una manifestación rodada (vehículos) en Vigo con ocasión del día del trabajo no supone la vulneración del derecho fundamental de manifestación, sino una proporcional y legítima limitación del mismo. Dicha denegación fue acordada por la Subdelegada del Gobierno de Pontevedra, recurrida ante el TSJ de Galicia que desestimó el recurso y recurrida en amparo ante el TC.

2. La resolución resulta de interés tanto por lo que señala directamente en relación al derecho fundamental de manifestación cuanto por lo que, indirectamente, asienta y que, parece, puede constituir el marco ante futuros planteamientos de solicitudes de amparo por limitaciones o suspensiones de derechos fundamentales asociados al contenido del RD 463/2020 de declaración del Estado de Alarma, en concreto:

(i) El TSJ de Galicia descarta expresamente plantear una cuestión de inconstitucionalidad del RD del Estado de Alarma -por considerarlo correcto dada la situación, encontrando justificada la limitación de la circulación de personas- y el TC descarta la autocuestión de inconstitucionalidad 55.2 LOTC- al resolver el recurso, que además inadmite mediante Auto.

Desde lo anterior, el TC no analiza directamente, ni a efectos dialécticos, si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso una suspensión del derecho de manifestación, porque el recurso no lo es frente a la norma, sino frente a la resolución de la Subdelegada del Gobierno. Pero al no plantearse una autocuestión de inconstitucionalidad del RD 463/2020 -art. 55.2 LOTC-, lo que se puede descartar es que el recurso de amparo debiera ser estimado porque la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas.

(ii) El TC parte para resolver el recurso, de que el contenido del RD del Estado de Alarma no impide o suspende el ejercicio del derecho de manifestación, desarrollando un juicio de constitucionalidad de la resolución de la Subdelegada del Gobierno.

Partiendo del carácter no absoluto de cualquier derecho fundamental, el TC considera que la limitación del ejercicio del derecho de manifestación tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. Y realiza finalmente un juicio de proporcionalidad entre la limitación del derecho y las medidas propuestas por el organizador de la manifestación, para concluir que no resultaban suficientes para garantizar la salud y la seguridad de las personas.

Y, desde lo anterior, considera constitucionalmente legítima y proporcionada la limitación del derecho fundamental de manifestación.

3. Resuelta de la anterior forma la solicitud de amparo, el TC desarrolla a lo largo de su resolución manifestaciones complementarias que le permiten asentar criterios generales para la valoración de las limitaciones o suspensiones de derechos fundamentales asociadas al RD 463/2020 de declaración del Estado de Alarma, en concreto:

(i) Al pronunciarse sobre la trascendencia constitucional (FJ 2) del recurso que resuelve el TC señala que es importante su pronunciamiento por la «repercusión que la celebración de esta o de otras manifestaciones con ocasión de la señalada fecha del 1 de mayo que se puedan pretender celebrar, puedan tener sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre la salud de los ciudadanos, llevando a cabo un análisis de los contenidos del real decreto de declaración del estado de alarma y de su alcance desde la perspectiva constitucional, especialmente en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, ya que puede establecer pautas importantes en la interpretación y aplicación de las distintas previsiones de aquella norma, en tanto que intérprete supremo de la norma fundamental, que resulten provechosas para el conjunto de la sociedad. Lo que también se puede traducir en la enunciación de criterios de actuación que sean importantes en el desarrollo del proceso de desescalada que está iniciando el Gobierno«.

(ii) Y al analizar la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio derecho fundamental de manifestación (FJ 4), el TC asienta sus consideraciones sobre la justificación el RD 463/2020 (Estado de Alarma), ya que «es aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la justificación de la declaración del Estado de alarma.Las razones que sustentan ambas son idénticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad física y en su derecho a la vida pueda tener la propagación del COVID-19″, concretando que:

  • «En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus».
  • «Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981″.
  • «[…] Y no se trata aquí de garantizar el orden público o de asegurar la no alteración del orden público. Tampoco la declaración del estado de alarma se ha basado en la preservación del orden público, sino en la garantía del derecho a la integridad física y la salud de las personas. Por eso nos encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente».

Así pues, el TC admite la necesidad y legitimidad de la limitación severa de la libertad de circulación de las personas (art. 19 CE) y de otros derechos fundamentales como el de reunión y manifestación (art. 21 CE) como única solución para alcanzar la garantía del derecho a la integridad física y la salud de las personas, y, a su vez, apunta a esos exclusivos fundamentos de vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria y no el orden público como «criterios de actuación que sean importantes en el desarrollo del proceso de desescalada que está iniciando el Gobierno» y como medidores (criterios de valoración) de la proporcionalidad de las medidas administrativas (autorizaciones como en este caso, pero también sanciones) y normativas que se adopten.

4. El 6.05.2020 el Pleno del TC acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso en relación con los arts. 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en cuanto modifica el art. 7 del Real Decreto 463/2020; Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril y 492/2020, de 24 de abril, en cuanto aprueban sucesivas prórrogas del estado de alarma; Real Decreto 492/2020, además, en cuanto da nueva redacción al art. 7 del Real Decreto 463/2020; y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

2020-05-10T07:10:20+00:00 30 abril, 2020|Jurisprudencia|
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