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Estado de Alarma: Cuestiones legales, judiciales, penitenciarias y policiales afectantes la Jurisdicción Penal. RD 463/2020 e instrumentos normativos de desarrollo.

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Ver Real Decreto 463/2020, de 13.03.2020 (Consolid)

Desde la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (y su actual 6ª prórroga hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 mediante acuerdo de autorización del Congreso de los Diputados de 3.06.2020), han sido dictados y publicados numerosos instrumentos normativos (Estatales -Gobierno y Ministerio de Justicia-, Autonómicas, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado) que, en lo que a cuestiones legales, judiciales, penitenciarias y policiales afectantes a la jurisdicción penal se refiere, determinan:

1. Cuestiones legales:

  • El RD 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental -art. 55 CE y Preámbulo del RD 463/2020-, con la proyección probatoria correspondiente en la aplicación del régimen sancionador. Acudir al respecto a las valoraciones que, en relación a derechos fundamentales concretos, ha realizado el TC.
  • Limitación de la libertad de circulación de las personas: El art. 7 del RD 463/2020 determina que durante la vigencia del estado de alarma las personas podrán circular (solos o acompañados de menores de 14 años, o acompañando a personas con discapacidad, menores o mayores) por las vías de uso público (por su propio pié o con su vehículo) para la realización de las actividades que figuran en el propio art. 7 RD 463/2020. El Ministro de Sanidad puede, en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y desplazamientos, con el alcance y ámbito territorial que en aquellas se determine (art. 7.6 RD 463/2020), lo que ha realizado de forma periódica desde la declaración del Estado de Alarma. Partiendo de la aprobación por el Consejo de Ministros de 28.04.2020 del «Plan de transición hacia la nueva normalidad» -y su Anexo 1, panel de indicadores, Anexo 2, Fases, Anexo 3, Cronograma– y de su contenido, el Ministro de Sanidad ha aprobado las correspondientes medidas relacionadas a la circulación de las personas:
  • Suspensión de actividades: el art. 10 del RD 463/2020 suspendió la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, con las excepciones en él fijadas, proveyendo en su apartado sexto la habilitación al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados 1 a 5 del art. 10 , por razones justificadas de salud pública, con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine. Partiendo de nuevo del contenido del «Plan de transición hacia la nueva normalidad» aprobado por el Consejo de Ministros de 28.04.2020, el Ministro de Sanidad ha aprobado las correspondientes medidas relacionadas a la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración con las mismas órdenes referidas para la libertad de circulación.

2. Cuestiones judiciales: 

  • Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren -DA Cuarta del RD 463/2020-. Esta suspensión se alzará el 4.06.2020 (art. 8 y disposición derogatoria única 1 del RD 537/2020, de 22 de mayo).
  • Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el RD o, en su caso, las prórrogas del mismo -Art. 1 de la DA Segunda del RD 463/2020-.Esta suspensión se alzará el 4.06.2020 (art. 10 y disposición derogatoria única 1 del RD 537/2020, de 22 de mayo).
  • Se excepciona de lo anterior:
    • En cualquier orden jurisdiccional -Art. 4 de la DA Segunda del RD 463/2020-: la práctica por el Juez o Tribunal de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
    • En el orden jurisdiccional penal -Art. 2 de la DA Segunda del RD 463/2020-:
      • En fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
      • La suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
  • Se suspenden los plazos para realizar cualquier actuación procesal o administrativa ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16.03.2020. Sin perjuicio de la suspensión del cómputo de los plazos, podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos, a través del Registro electrónico accesible en la sede electrónica www.tribunalconstitucional.es. Este acuerdo se complementa con el de 6.05.2020, que determina la forma en la que la jurisdicción constitucional procederá a reanudar su actividad cuando se levante la suspensión del cómputo de los plazos:
    • En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los términos y plazos volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos.

    • Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos constitucionales serán los establecidos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, computándose como en el apartado anterior.

    • Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio de la voluntaria presentación de escritos a través del registro electrónico. La inhabilidad no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal, y en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado acuerdo.

  • Se suspende la actividad judicial: Tras el dictado del RD 463/2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el 14.03.2020 suspender en la totalidad del Estado Español todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal decisión conlleva (acuerdo mantenido por decisión de la Comisión Permanente de 23.05.2020 durante la 5ª prórroga del Estado de Alarma hasta el 4 de junio de 2020) salvo supuestos de servicios esenciales que incluyen, además de los señalados por el RD 463/2020 en el orden jurisdiccional penal:
    • Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.
    • Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
    • Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
    • Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
  • Limitación a la presentación de escritos procesales por las partes: También tras el dictado del RD 463/2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el 18.03.2020 que:
    • Sólo podrán presentarse escritos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces (ver acuerdo anterior). «Ignorar estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad de la declaración de estado de alarma, en la medida en que la presentación de un escrito desencadenaría la obligación procesal de proveerlo, actuación procesal que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, debe entenderse suspendida».
    • Fuera de los anteriores casos, también podrán presentarse escritos que, careciendo de relación con actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables, tengan por objeto actuaciones judiciales de cualquier proceso“que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”, de acuerdo con el Art. 4 de la DA Segunda del RD 463/2020.
    • En caso de que proceda la presentación del escrito, sólo podrá efectuarse de forma telemática (LexNET o sistemas equivalentes en Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y el País Vasco), sin que pueda realizarse en registro de manera presencial
  • Desde el 13.04.2020, la anterior limitación se ha visto complementada con los siguientes instrumentos normativos, para avanzar progresivamente en la búsqueda de la normal prestación de servicios judiciales que permitan las sucesivas restricciones:
    • Resolución del Ministro de Justicia de 13.04.2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020, superada la fase de confinamiento cualificada (periodo de permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio contemplado por el RDL 10/2020, de 29 de marzo, entre el 30.03.2020 y el 9.03.2020) se adopta como principio la búsqueda de la normal prestación de servicios no esenciales, siempre que lo permitan los medios materiales, en cumplimiento del RD 467/2020 de Estado de Alarma cuya determinación de suspensión de plazos procesales no implica la inhabilidad de los días. Desde lo anterior, establece el artículo primero de la Resolución que para asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia como servicio público durante la vigencia del Estado de Alarma deberán prestarse en todo caso los siguientes servicios:
      • Los servicios esenciales fijados tanto en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020 como en las resoluciones equivalentes adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
      • El registro de todos los escritos presentados en las oficinas judiciales y fiscales de forma telemática (Lexnet o sistemas equivalentes en País Vasco, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón), y su reparto a los órganos competentes, para asegurar el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales; recomendándose a estos efectos a abogados, procuradores y graduados sociales una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto.
      • La llevanza de todos aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles.
      • La llevanza de los procedimientos del Registro Civil no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles, y en particular la realización en el plazo más breve posible de todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas.
    • Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 13.04.2014 que, además de confirmar el contenido de los acuerdos previos de la Comisión Permanente, acoró que en relación con las actuaciones y servicios no esenciales, podrán realizarse todas aquellas actuaciones procesales que no estén vinculadas a un término o plazo procesal, sujetos a la regla de la interrupción o suspensión establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, y que puedan ser llevadas a cabo con los medios personales que, de forma consensuada con este Consejo General del Poder Judicial y los órganos de gobierno del Poder Judicial, fijen el Ministerio de Justicia y las Administraciones prestacionales. De este modo, en las actuaciones y servicios no esenciales cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba quedar suspendido por virtud de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020. Lo mismo sucederá respecto de los escritos de trámite, no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, y hasta que den lugar a actuaciones procesales que abran plazos procesales que deban quedar suspendidos por virtud de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020. Dichas actuaciones y servicios se realizarán de acuerdo con los medios personales disponibles, cuya suficiencia se valorará semanalmente por la comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial-Ministerio Justicia. Esta regla deberá ser de aplicación tanto a las actuaciones de primera instancia como a las actuaciones de instancias sucesivas y del recurso de casación. Asimismo, será aplicable a las actuaciones del Registro Civil no consideradas esenciales.
    • Decreto de la Fiscal General del Estado de 20.04.2020 señalando que «el cumplimiento de los servicios esenciales es, sin duda, la primera obligación de las/los fiscales pero, una vez garantizados, deberá abordarse el despacho ordinario de asuntos, sin que quepa establecer preferencias siquiera entre los diferentes órdenes jurisdiccionales, atendiendo para ello a los siguientes criterios:  La prioridad en el despacho de causas en el orden penal no debe responder necesariamente a un orden estrictamente temporal, como ocurre en condiciones normales cuando están vigentes los plazos procesales, sino que las/los fiscales procurarán priorizar en su tramitación aquellos procedimientos en los que aprecien un interés público o social, aquellos tramitados por hechos en los que se vean afectados bienes jurídicos personales de víctimas y perjudicados y aquellos otros que afecten a colectivos especialmente vulnerables«.
  • Reactivación de la actividad judicial: el 9.05.2020 fue publicada la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, proveyendo que se inicie el avance hacia la actividad conocida antes de la paralización a partir del 12.05.2020.

  • Suspensión de las presentaciones Apud Acta (medida cautelar personal) en la jurisdicción penal: El presidente de la Audiencia Nacional acordó el 18.03.2020 dejar sin efecto, en tanto dure la situación del RD 463/2020, las presentaciones Apud Acta en la Audiencia Nacional (sin perjuicio de las decisiones particulares que pueda determinar en cada caso los órganos judiciales), decisión que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hizo extensiva el 20.03.2020 a todos los procedimientos penales, salvo aquellos en los que lo decida el órgano judicial, que deberá comunicarlo al juzgado de guardia del lugar donde haya de celebrarse la comparecencia, así como al propio interesado.

3. Cuestiones penitenciarias: El BOE de 13.05.2020 publica la Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que deroga la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, que determinó las medidas excepcionales en el ámbito penitenciario como consecuencia de la crisis sanitaria y tras la declaración del Estado de Alarma. De acuerdo con la Orden INT/407/2020, de 12 de mayo se reanudarán en los centros penitenciarios del Estado, de forma paulatina y gradual, manteniendo como referencia la protección de la salud pública:

  • Las comunicaciones ordinarias de los internos.
  • Las salidas de permiso y las salidas programadas, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
  • Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
  • Los traslados de los internos cuando sean solicitados por las autoridades judiciales, los traslados por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o tratamentales se requieran, según sean las indicaciones sanitarias que, en cada caso y momento, se vayan adoptando.
  • Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios, en función de la situación de estos y de las medidas que se puedan ir adoptando por las autoridades competentes en la materia.

Las actuaciones y actividades podrán revertirse si la situación epidemiológica así lo aconseja, de forma global o individualizada para uno o varios centros penitenciarios.

4. Cuestiones policiales:

  • Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedan bajo las órdenes directas del Ministro del Interior -Art. 5.1 RD 463/2020-.
  • Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo -Art. 5.2 RD 463/2020-.
  • Los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en el RD tendrán carácter de agentes de la autoridad -DA Quinta del RD 463/2020-.
2020-06-06T07:55:39+00:00 25 abril, 2020|Legislación|
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