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STC 28/2020, de 24 de febrero: Vulneración del derecho al honor del investigado por la asociación de su identidad a un proceso penal al incluir en una anotación preventiva de embargo en el Registro de la propiedad la relación de los delitos perseguidos en el proceso en el que se adopta la medida cautelar real.

1. El TC trata en su sentencia la demanda de amparo interpuesta por un investigado de un procedimiento penal, por una potencial vulneración de su derecho al Honor derivada de la inscripción por el Registro de la Propiedad de una anotación preventiva de embargo oficiada por el Juzgado Central de Instrucción 4 en el marco de una medida cautelar real adoptada en una instrucción penal. Y ello porque esa anotación preventiva registral habría contenido la relación de los delitos investigados en el proceso, permitiendo la asociación de los mismos con la identidad del demandante de amparo.

Para resolver el asunto, el TC parte en su sentencia de reconocer que «en aplicación de la doctrina constitucional […], el Tribunal entiende que la información que relacione a una persona física con la investigación en fase de instrucción de hechos delictivos, aunque mantenga intacta la presunción de inocencia del afectado, conlleva o puede conllevar, teniendo en cuenta actitudes sociales que son hechos notorios, un desmerecimiento en la consideración ajena, quedando de ese modo menoscabada su reputación», constituyendo el caso considerado una afectación del derecho al honor del recurrente cuya constitucionalidad debe determinarse a partir de las injerencias permitidas por el ordenamiento constitucional.

2. Desde la anterior reconocimiento, el TC recuerda que esa injerencia constitucionalmente admisible necesariamente ha de (i) preverse en norma de rango legal; (ii) orientarse a la realización de un fin constitucionalmente legítimo, y (iii) perseguirlo de un modo necesario y proporcionado, esto es, que la restricción legal, además de no ser sustituible por otra menos restrictiva, no genere más perjuicios al derecho al honor que beneficios para los fines constitucionales a que sirve. Se examinan a continuación estas cuestiones por separado.

Y, en concreto, el TC señala (FJ 5) que «la anotación registral de prohibición de disponer se debe ceñir, por mandato expreso del art. 727.6 LEC, al contenido estrictamente imprescindible para que la publicidad registral que entraña «sea útil para el buen fin de la ejecución [de la resolución judicial]». Sin embargo, en este caso, la anotación preventiva referente a la prohibición de vender, gravar, obligar o enajenar los derechos de propiedad (…) sobre la finca en cuya inscripción está dicha nota marginal se añaden los delitos por los que se siguen las diligencias previasDicha relación de delitos constituye una información innecesaria (…) para que la publicidad registral de la prohibición de disponer, en su vertiente de publicidad material, cumpla su función (…) i) el aseguramiento de la efectividad de la medida y ii) evitar que los bienes entren en el mercado sin posibilidad de recuperación (…) De ahí, que la inclusión de los delitos no supere, a los efectos que aquí importan, los tres requisitos o condiciones que conforman el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia de este Tribunal para determinar la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos. Es decir, (i) que la medida sea «susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)»; (ii) que, además, sea «necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad)»; y, (iii) finalmente, que la misma sea «ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto» (juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

3.  El TC declara en su fallo por tanto la vulneración del derecho al honor (art. 18.1 CE) y, a fin de restablecer el derecho, acuerda: «a) Declarar la nulidad del auto de 20 de junio de 2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 y del auto de 31 de julio de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y b) Ordenar al Juzgado Central de Instrucción núm. 4 que libre mandamiento judicial al Registro de la Propiedad núm. 5 de Alicante, en el que le requiera, en relación a la «Finca:1646 de Mutxamel. Libro 280. Folio: 214. Número de IDUFIR: 030224000005329. Referencia catastral: 03090A011000230000GB», la supresión en la anotación registral de prohibición de disponer que pesa ella de la mención «por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la hacienda pública, relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y otras actividades delictivas conexas habiéndose acordado por auto de 29 de junio de 2015»«.

STC 28/2020, de 24 de febrero
2020-03-27T19:08:35+00:00 26 marzo, 2020|Jurisprudencia|
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