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STS 286/2020, de 4 de febrero, reconocimiento del daño moral a las personas jurídicas víctimas del proceso penal.

1. La STS 286/2020, de 4 de febrero (Pte. Excma. Sra. Dª. Susana Polo García) reconoce que las personas jurídicas también pueden sufrir daños morales, que dichos daños morales pueden constituir responsabilidad civil ex delicto y que uno de los hechos generadores de tales daños puede ser su inclusión injusta en un listado de morosos como es el RAI -Registro de Aceptaciones Impagadas-.

Desde el reconocimiento del derecho, la Sentencia finalmente acuerda dejar sin efecto la determinación de la cuantía fijada por el órgano de instancia en tal concepto -30.000 €-, por considerar que la conclusión sobre la existencia y alcance de esa responsabilidad no estaba suficientemente motivada en la Sentencia de Instancia.

2. Así, puede leerse en el FJ Quinto de la Sentencia que: «(…) En principio, no existiría impedimento alguno para entender producido un daño moral al Sr. Juan Carlos y a la sociedad que representaba, ya que como es sabido, el RAI es un registro de morosos, herramienta habitual para los bancos para conceder préstamos, por eso la persona o empresa que conste en el mismo tendrá dificultades para obtener financiación, incluso cualquier empresa puede consultar las listas para cerciorarse si pueden hacer negocios o no con ciertas empresas, por lo que resulta obvio que de ello puede derivar un daño moral.

Ahora bien, el Tribunal explica la necesidad de la indemnización, pero no motiva, ni refiere prueba alguna que acredite el citado daño moral. Desconocemos, ya que la Sala nada dice al respecto, en base a que prueba entiende acreditado que el Sr. Juan Carlos y su empresa estuvieron inscritos en el RAI, ni cuanto tiempo ello tuvo lugar -imprescindible para valorar el quantum de la indemnización- (…)

En definitiva, no se cumplen las condiciones señaladas por la jurisprudencia para validar el daño moral producido, ni la correspondiente cuantía indemnizatoria impuesta en sentencia en orden a responder por los perjuicios morales causado al perjudicado, por lo que debe dejarse sin efecto».

STS 286/2020, de 4 de febrero
2020-02-24T23:12:59+00:00 24 febrero, 2020|Jurisprudencia|
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