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Directiva 2019/1937 (DOUE 26.11.2019) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Directiva de los canales de denuncia.

1. Publica el DOUE la Directiva 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que determina las especificaciones que deberán ser transpuestas por la legislación nacional de los Estados antes del 17 de diciembre de 2021.

La Directiva regula, como mecanismo para lograr la aplicación efectiva de determinadas normas de Derecho de la Unión, las características de los canales de denuncia en empresas privadas (que denomina internos) y ante instituciones (que denomina externos) para que las personas que en su entorno de trabajo (art. 4.1 a 4.3) tomen conocimiento de incumplimientos de ese Derecho de la Unión, los puedan denunciar (art. 1) en el marco de unos estándares mínimos de protección de los denunciantes y de las personas físicas y jurídicas a él vinculadas (art. 4.4).

Las normas (i) que se pretenden reforzar la Directiva, (ii)  para las que está prevista -Derecho de la Unión-  y (iii) sobre las que es de aplicación obligatoria -normas que deben estar relacionadas con los hechos de las denuncias para que la Directiva  despliegue la protección obligatoria sobre denunciantes y denunciados- se detallan en su anexo, abarcando legislación en:

  • Contratación pública;
  • Servicios financieros, productos, mercados y prevención del blanqueo;
  • Seguridad de los productos;
  • Seguridad en el transporte;
  • Protección del medio ambiente;
  • Seguridad nuclear;
  • Seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales;
  • Salud pública;
  • Protección de los consumidores;
  • Protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes y los sistemas de información;

Estas normas afectan a regulaciones sectoriales (financiero, consumidores, transporte, contratación pública), pero también a materias transversales (medio ambiente, blanqueo, datos personales) lo que hace que los estándares de la Directiva estén llamados a afectar directa o indirectamente (en función de la transposición que elija cada Estado), a todas las personas físicas y jurídicas.

La Directiva regula los canales de denuncia internos (los de una empresa pública o privada, art. 5.4) y externos (los de las autoridades competentes de las respectivas normativas, art. 5.5). Por lo que se refiere los canales internos, la Directiva no exige que en su transposición se exija su aplicación en empresas de menos de 50 empleados, y para las empresas entre 50 y 249 empleados la Directiva habilita a que la obligación de transposición alcance los 4 años de la publicación en el DOUE (art. 26.2).

2. Con respecto a los canales de empresas privadas (que denomina internos), la Directiva establece como requisitos mínimos de los canales:

  • Que las comunicaciones puedan realizarse por escrito, u oralmente y, en este caso, telefónicas o presenciales, si se solicita (art. 9.2).
  • Que el canal opere de forma segura, garantizando la confidencialidad de la identidad de quién efectúe la comunicación (art. 9.1.a).
  • Que se comunique la toma de conocimiento de la comunicación a la persona que la haya hecho en un plazo máximo de siete días (art. 9.1.b).
  • Que se designe a una persona o departamento imparcial, que reciba la comunicación, desarrolle la investigación que corresponda (aunque la comunicación sea anónima, art. 9.1.e) y se comunique, si es necesario, con la persona (art. 9.1.c y d).
  • Comunicando de forma clara la existencia y la posibilidad de acudir a los canales externos de las autoridades competentes (art. 9.1.g).

Se deberá proceder a la conservación de las evidencias de las comunicaciones recibidas, sin especificar la Directiva la duración necesaria de la conservación y remitiendo a los criterios de necesidad y proporcionalidad con el cumplimiento de la Directiva (art. 18.1).

3. La Directiva prevé la posibilidad de que las personas acudan a estos canales institucionales (externos) después de haber efectuado la comunicación por los canales internos o que lo hagan directamente (art. 10), debiendo los Estados fijar cuáles sean las autoridades competentes para recibir las comunicaciones (art. 11.1).

La Directiva establece como requisitos mínimos de los canales externos los mismos que los internos (arts. 10.2 a, b, c, d, e) pero:

  • La Autoridad receptora de la comunicación deberá transmitir el reporte a la Autoridad competente, en caso de no ser ella, comunicándoselo al denunciante (art. 10.6)
  • Podrá ampliar excepcionalmente los plazos de investigación hasta los seis meses (art. 10.2.d).
  • Deberán transmitir el resultado de las investigaciones las instituciones, órganos u organismos competentes de la Unión, según corresponda, para que se siga investigando, cuando así esté previsto por el Derecho de la Unión o nacional (art. 10.2.f).

4. La Directiva también prevé que la protección que la Directiva despliega pueda otorgarse a quienes efectúen una revelación/difusión pública de lo hechos objeto de denuncia (i.e. a través de medios de comunicación), siempre que (art. 15): 

  • La persona había denunciado primero por canales internos y externos, o directamente por canales externos  sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido.
  • La persona tiene motivos razonables para pensar que:
    • la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, como, por ejemplo, cuando se da una situación de emergencia o existe un riesgo de daños irreversibles, o
    • en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo a la infracción debido a las circunstancias particulares del caso, como que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicada en la infracción.

5. Prevé la Directiva como medidas para la protección de las personas afectadas por las denuncias -denunciados- (art. 22):

  • Que los Estados velen, de conformidad con la Carta, por que las personas afectadas gocen plenamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el derecho a acceder a su expediente;
  • Que las autoridades velen, de conformidad con el Derecho nacional, por que la identidad de las personas afectadas esté protegida mientras cualquier investigación desencadenada por la denuncia o la revelación pública esté en curso.

6. Y prevé la Directiva como medidas de protección del denunciante (i) la prohibición de represalias, (ii) medidas de apoyo y (iii) medidas de protección frente a represalias:

(i) La prohibición de represalias, abarca  (art. 19): a) suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes; b) degradación o denegación de ascensos; c) cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo; d) denegación de formación; e) evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales; f) imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias; g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo; h) discriminación, o trato desfavorable o injusto; i) no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; j) no renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal; k) daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos; l) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector; m) terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios; n) anulación de una licencia o permiso; o) referencias médicas o psiquiátricas.

(ii) Las medidas de apoyo (art. 20) serán prestadas por una autoridad administrativa única e independiente claramente identificada -o centro de información-, abarcando: a) información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada; b) asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la Directiva; c) asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos y, de conformidad con el Derecho nacional, asistencia jurídica en otros procesos y asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de asistencia jurídica; d) asistencia financiera y medidas de apoyo a los denunciantes, incluido apoyo psicológico, en el marco de un proceso judicial.

(iii) Las medidas de protección frente a represalias (art. 21): a) No se considerará que las personas que comuniquen información sobre infracciones o que hagan una revelación pública hayan infringido ninguna restricción de revelación de información, y estas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha denuncia o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción en virtud de la Directiva; b) No incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya de por sí un delito. En el caso de que la adquisición o el acceso constituya de por sí un delito, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por el Derecho nacional aplicable. Cualquier otra posible responsabilidad de los denunciantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la denuncia o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en virtud de la Directiva seguirán rigiéndose por el Derecho de la Unión o nacional aplicable; c) En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios sufridos por los denunciantes, y a reserva de que dicha persona establezca que ha denunciado o ha hecho una revelación pública y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por denunciar o hacer una revelación pública. En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos debidamente justificados; d) acceso a medidas correctoras frente a represalias, según corresponda, incluidas medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, de conformidad con el Derecho nacional; e) en los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, o a solicitudes de indemnización basadas en el Derecho laboral privado, público o colectivo, los denunciantes no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la Directiva. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo el haber denunciado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la Directiva. Cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, y dicha información incluya secretos comerciales, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita; f) Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se proporcionen vías de recurso e indemnización íntegra de los daños y perjuicios sufridos por los denunciantes de conformidad con el Derecho nacional.

 

Directiva 2019/1937 DOUE 26.11.2019 -ES- L 305/17
2019-11-26T21:02:16+00:00 26 noviembre, 2019|Legislación|
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