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STJUE NJ (C‑489/19 PPU), de 9 de octubre de 2019, sobre el concepto de Euroorden cuando son emitidas por Fiscalías expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo.

Partiendo de la Jurisprudencia del TJUE de que el concepto de «resolución judicial» utilizado en la Decisión Marco 2002/584 no se limita a designar exclusivamente las resoluciones adoptadas por los jueces o los tribunales de un Estado miembro, sino que debe entenderse en el sentido de que designa, más ampliamente, las resoluciones adoptadas por las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, esos órganos intervinientes distintos de los judiciales deben reunir las condiciones de independencia del poder ejecutivo propias del mecanismo de colaboración que se trata de poner en valor: la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos, que implica la intervención y apreciación del poder político, con objeto de garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

En el caso de la Sentencia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau), C‑508/18 y C‑82/19 PPU, el TJUE determinó que esas garantías judiciales necesarias no se daban en el caso concreto de estas Fiscalías y que no se podía garantizar su independencia del poder ejecutivo, por no existir normas estatutarias y organizativas que permitieran excluir todo riesgo de que la adopción de la decisión de emitir tal orden de detención esté sujeta a instrucciones externas.

En la Sentencia de 9 de octubre, el TJUE complementa su posicionamiento para el caso de la Fiscalía Austríaca, señalando:

(i) Que del artículo 2, apartado 1, de la Ley del Ministerio Fiscal se desprende que tales órganos están directamente subordinados a las fiscalías superiores y sometidos a las instrucciones de estas y que, a su vez, estas últimas se encuentran subordinadas al Ministro Federal de Justicia y que  como la independencia requerida exige que existan normas estatutarias y organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, en el contexto de la adopción de una orden de detención europea, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo, no cabe considerar que las fiscalías cumplan esta exigencia; Pero

(ii) Complementa lo anterior señalado que el Derecho austriaco establece que tanto cuando la decisión se refiere a la emisión de una orden de detención nacional como cuando se refiere a la emisión de una orden de detención europea, las fiscalías de la República de Austria ordenan la detención a través de una orden de detención que para poder ser transmitida debe ser homologada por un tribunal que lleva a cabo, a este respecto, un control del cumplimiento de los requisitos de emisión de la orden y de la proporcionalidad de esta. Y la resolución de homologación es susceptible de recurso judicial. Mientras no se homologuen las decisiones de la fiscalía, las órdenes de detención no producen efectos jurídicos ni pueden ser transmitidas, como confirmó en la vista el Gobierno austriaco.

Siendo un sistema análogo al Español, concluye la Sentencia declarando que “el concepto de «orden de detención europea» del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que, aunque las fiscalías de un Estado miembro se hallen expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, por ejemplo, del ministro de Justicia, en el contexto de la emisión de las órdenes de detención europeas, las órdenes de detención europeas que esas fiscalías emitan están comprendidas en dicho concepto, en la medida en que tales órdenes de detención, para poder ser transmitidas por dichas fiscalías, deben necesariamente ser homologadas por un tribunal que, teniendo acceso a la totalidad de los autos de la instrucción, a los que se incorporan las eventuales órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, controla de manera independiente y con objetividad el cumplimiento de los requisitos de emisión de dichas órdenes de detención y la proporcionalidad de las mismas, adoptando así una resolución autónoma que da su forma definitiva a tales órdenes“.

 

STJUE NJ (C‑489/19 PPU), de 9 de octubre de 2019
2019-10-10T13:05:47+00:00 9 octubre, 2019|Jurisprudencia|
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