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STJUE (Gran Sala), de 24 de junio de 2019, Comisión Europea c. República de Polonia: falta de garantía de la tutela judicial efectiva en Polonia en la aplicación del Derecho de la Unión por la falta de independencia judicial. Efectos sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como mecanismo de colaboración entre Estados de la Unión -STJUE (Gran Sala) de 25 de julio de 2018, LM C‑216/18 PPU-.

1. Concreta la Gran Sala del TJUE el compromiso/obligación de los Estados miembros con la Tutela Judicial Efectiva en materia del derecho de la Unión (art. 19.1 TUE) a través del sistema de recursos, y ello con ocasión de las modificaciones normativas operadas en Polonia que prevén (i) la aplicación de la medida de reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y (ii) atribuir al Presidente de la República la facultad discrecional para prorrogar la función jurisdiccional en activo de los jueces de dicho Tribunal una vez alcanzada la nueva edad de jubilación.

El TJUE parte de establecer los referentes de independencia judicial que integran la Tutela Judicial Efectiva, señalando:

(i) Partiendo del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye, en efecto, un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta (sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 35 y jurisprudencia citada).

(ii) El Tribunal Supremo Polaco puede verse abocado a resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión y que forma parte, en calidad de «órgano jurisdiccional» —en el sentido definido por el ordenamiento jurídico de la Unión—, del sistema polaco de vías de recurso «en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión» —en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo—, de modo que queda sujeto a las exigencias de la tutela judicial efectiva (auto de 17 de diciembre de 2018, Comisión/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, apartado 43).

(iii) Para que un órgano como el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo Polaco) pueda garantizar dicha tutela, resulta primordial preservar su independencia, como así lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, precepto que, entre las exigencias vinculadas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el acceso a un juez «independiente» [véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 41, y de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 53]. La exigencia de la independencia judicial supone:

  • En el orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones (sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 44 y jurisprudencia citada).
  •  En el orden interno, se asocia por su parte al concepto de imparcialidad y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 65 y jurisprudencia citada].

(iv) Esta indispensable libertad de los jueces frente a cualquier injerencia o presión externa exige, como en repetidas ocasiones ha recordado el Tribunal de Justicia, ciertas garantías, como la inamovilidad, idóneas para proteger la persona de quienes tienen la misión de juzgar [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 64 y jurisprudencia citada]. El principio de inamovilidad exige, en particular, que los jueces puedan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubilación forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada. Aunque no tiene carácter absoluto, este principio solo puede ser objeto de excepciones cuando existan motivos legítimos e imperiosos que lo justifiquen y siempre que se respete el principio de proporcionalidad. Así, se admite de manera general que los jueces puedan ser cesados si no reúnen las condiciones de aptitud para continuar en el ejercicio de sus funciones por motivo de incapacidad o de falta grave, observando los procedimientos establecidos al efecto.

2. Desde lo anterior, señala el TJUE el incumplimiento de Polonia de la garantía de la independencia judicial y con ella de la Tutela Judicial Efectiva exigida por el art. 19 TUE en la aplicación del derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales de los Estados Miembros porque:

(i) La exposición de motivos del proyecto de la nueva Ley del Tribunal Supremo contiene aspectos que pueden suscitar serias dudas en cuanto a que la reforma de la edad de jubilación de los jueces en ejercicio del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) estuviera inspirada en la voluntad de armonizar esta edad con la edad general de jubilación aplicable al conjunto de los trabajadores de Polonia y de optimizar así la estructura por edades de los miembros de ese Tribunal con responsabilidades directivas, en lugar de en la voluntad de apartar a un determinado grupo de jueces de ese Tribunal.

(ii) Lo anterior vino acompañada del establecimiento de un nuevo mecanismo que atribuye al Presidente de la República la facultad discrecional para conceder dos prórrogas consecutivas, de tres años cada una, del mandato de los jueces acortado conforme a esa Ley, lo que de nuevo aleja del supuesto fundamento armonizador de la reforma, reforzando la impresión de que, en realidad, podría haberse pretendido apartar a un grupo predeterminado de jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), pues el Presidente de la República conserva efectivamente, no obstante la aplicación de la medida de reducción de la edad de jubilación a la totalidad de los jueces de dicho Tribunal que estaban en activo en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley del Tribunal Supremo, la facultad discrecional para mantener en el cargo a una parte de ellos.

3. La anterior declaración judicial de la sistémica vulneración de un derecho fundamental integrado en el epicentro/nucleo de las garantías del Estado de derecho de la Unión, conecta, sobre el espacio judicial de Polonia, con las previsiones de la STJUE (Gran Sala) de 25 de julio de 2018, LM C‑216/18 PPU en relación al art. 1.3 de la Decisión Marco 2002/584/JAI (Euroorden), en concreto que “cuando la autoridad judicial de ejecución que haya de pronunciarse sobre la entrega de una persona que es objeto de una orden de detención europea emitida a efectos del enjuiciamiento penal de esta disponga de datos […] que parezcan acreditar que existe un riesgo real de que se viole el derecho fundamental a un proceso equitativo garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en relación con la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor, dicha autoridad deberá comprobar, concreta y precisamente, si, habida cuenta de la situación de esa persona, de la naturaleza de la infracción que se le imputa y del contexto fáctico que han motivado la orden de detención europea así como de la información proporcionada por el Estado miembro emisor, con arreglo al artículo 15, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona correrá tal riesgo en caso de ser entregada a este último Estado“, y ello porque:

  • El principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de agosto de 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, apartado 49 y jurisprudencia citada), tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho (sentencia de 10 de noviembre de 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, apartado 26 y jurisprudencia citada).
  • El Tribunal de Justicia aplica lo anterior sobre las Euroordenes señalando por un lado que en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco, dispone que esta no puede tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales tal como se hallan consagrados en los artículos 2 TUE y 6 TUE, y, por otro lado, el carácter absoluto del derecho fundamental garantizado por el artículo 4 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru, C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, apartados 83 y 85).
  • Por lo tanto, debe comprobarse ante todo si, al igual que sucede ante un riesgo real de infracción del artículo 4 de la Carta, un riesgo real de violación del derecho fundamental de la persona de que se trata a un juez independiente y, por ende, de su derecho fundamental a un proceso equitativo, reconocido en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, puede permitir a la autoridad judicial de ejecución abstenerse, con carácter excepcional, de dar curso a una orden de detención europea, sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584.
  •  Por consiguiente, procede considerar que la existencia de un riesgo real de que la persona que es objeto de una orden de detención europea sufra, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, una violación de su derecho fundamental a un juez independiente y, con ello, del contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, puede permitir a la autoridad judicial de ejecución abstenerse, con carácter excepcional, de dar curso a dicha orden de detención europea, sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584. En el supuesto de que la autoridad judicial emisora —tras haber recabado, en su caso, la ayuda de la autoridad central o de una de las autoridades centrales del Estado miembro emisor, a efectos del artículo 7 de la Decisión Marco 2002/584 (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru, C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, apartado 97)— comunique a la autoridad judicial de ejecución una información que no lleve a esta última a descartar la existencia de un riesgo real de que pueda violarse, en dicho Estado miembro, el derecho fundamental de la persona de que se trate a un juez independiente y, con ello, el contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, la autoridad judicial de ejecución deberá abstenerse de dar curso a la orden de detención europea de la que es objeto esa persona.
STJUE (Gran Sala) Comisión Europea c. República de Polonia.
2019-06-27T07:44:58+00:00 24 junio, 2019|Jurisprudencia|
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