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SSTJUE (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019, (i) C-508/18 + C-82/19 PPU y (ii) C-509/18, sobre el concepto de autoridad judicial válida para la emisión de Euroordenes, y la consideración (i) de Fiscalías Alemanas como no comprendidas en el concepto por carecer de las garantías de independendencia de los órganos judiciales y (ii) como comprendida a la Fiscalía General de Lituania.

1. La Gran Sala del TJUE ha dictado el 27 de mayo dos sentencias relacionadas ambas con el concepto de autoridad judicial hábil (en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584) para la emisión de ordenes europeas de detención.

– STJUE de los asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU, llamada a resolver si (i) la Fiscalía de Lübeck (Estado federado de SchleswigHolstein, Alemania, asunto C-508/18) y (ii) la Fiscalía de Zwickau (Estado federado de Sajonia, Alemania, asunto C-82/19) pueden tener la consideración de autoridad judicial a los efectos de la Decisión Marco 2002/584.

– STJUE del asunto C-509/18, llamada a resolver si el Fiscal General de Lituania puede tener la consideración de autoridad judicial a los efectos de la Decisión Marco 2002/584.

2. En ambos casos el TJUE delimita las características que ese concepto de autoridad judicial recogido en el art. 6 de la Decisión Marco 2002/584 debe reunir para resultar hábil para la emisión de euroordenes, destacando:

  • Que la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos que implica la intervención y apreciación del poder político, para garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en un espacio de libertad, seguridad y justicia. En este marco, cuando se dicta una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, esa persona debe haber disfrutado, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela deben garantizar las autoridades del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional (STJUE C-509/18, apartados 43 y 44).
  •  El sistema de la orden de detención europea entraña, de ese modo, una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada, puesto que a la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, se añade la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una orden de detención europea, la cual puede dictarse, en su caso, en un breve plazo tras la adopción de la mencionada resolución judicial nacional (STJUE C-509/18, apartados 45, STJUE C-82/19, apartado 67). Cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un juez o un tribunal, la resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, en la que se fundamenta la orden de detención europea debe satisfacer, por su parte, las exigencias de la Tutela Judicial Efectiva (STJUE C-509/18, apartados 46 y 47, STJUE C-508/18 y C-82/19, apartados 68 y 69).
  •  Así pues, la «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, debe estar en condiciones de ejercer esta función con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder (STJUE C-509/18, apartado 51, STJUE C-508/18 y C-82/19, apartado 73). En consecuencia, la autoridad judicial emisora debe poder aportar a la autoridad judicial de ejecución la garantía de que, a la vista de las salvaguardias previstas en el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor, actúa con independencia al ejercer sus funciones inherentes a la emisión de órdenes de detención europea. Esta independencia exige que existan normas estatutarias u organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, a la hora de adoptar una decisión de emitir tal orden de detención, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo (STJUE C-509/18, apartado 52, STJUE C-508/18 y C-82/19, apartado 74).
  • Desde lo anterior, el término «autoridad judicial» que figura en esta disposición, no se limita a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que deben entenderse en el sentido de que designan, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo. Así concepto de «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, puede englobar a las autoridades de un Estado miembro que, sin ser necesariamente jueces o tribunales, participan en la administración de la justicia penal de ese Estado miembro (STJUE C-509/18, apartados 29 y 30, STJUE C-508/18 y C-82/19, apartados 50 y 51). Ahora bién, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europea a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y, en particular, la proporcionalidad de esa decisión deben poder ser objeto de un recurso judicial en dicho Estado miembro que satisfaga plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva (STJUE C-509/18, apartado 53).

3. Y concluye el TJUE para las Fiscalías de Lübeck y Zwickau (Alemania) y para el Fiscal General de Lituania de la siguiente forma:

– STJUE de los asuntos acumulados C-508/18 y C-82/19 PPU: (i) la Fiscalía de Lübeck (Estado federado de SchleswigHolstein, Alemania, asunto C-508/18) y (ii) la Fiscalía de Zwickau (Estado federado de Sajonia, Alemania, asunto C-82/19) no pueden tener la consideración de autoridad judicial a los efectos de la Decisión Marco 2002/584, y ello porque pese a que las fiscalías alemanas están sometidas a la obligación de objetividad y deben investigar no solo en aras de probar la culpabilidad, sino también la inocencia, no es menos cierto que, según dicha información (y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la GVG) el ministro de Justicia dispone de una potestad de instrucción «externa» con respecto a estas fiscalías potestad de instrucción que confiere a ese ministro la facultad de influir directamente en la decisión de una fiscalía de emitir o, en su caso, de no emitir una orden de detención europea. Y no desvirtúa esta consideración el hecho de que, como alegó el Gobierno alemán en la vista, la decisión de las fiscalías, como las controvertidas en el proceso principal, de emitir una orden de detención europea pueda ser objeto de recurso por la persona reclamada ante los tribunales alemanes competentes. De lo anterior resulta que, habida cuenta de que las fiscalías de que se trata en los procesos principales están expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en su decisión de emitir una orden de detención europea, estas fiscalías no se conforman a una de las exigencias necesarias para poder tener la consideración de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, a saber, la de presentar la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir tal orden de detención. Así,  el concepto de «autoridad judicial emisora» no comprende a las fiscalías de un Estado miembro expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea.

– STJUE del asunto C-509/18: el Fiscal General de Lituania puede tener la consideración de autoridad judicial a los efectos de la Decisión Marco 2002/584, y ello porque el concepto de «autoridad judicial emisora» comprende al fiscal general de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y tiene un estatuto en ese Estado miembro que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea, si bien los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso plenamente ajustado a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

 

Acudir a la STJUE (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019, C-508/18 + C-82/19 PPU
Acudir a la STJUE (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019, C-509/18
2019-05-28T06:58:47+00:00 27 mayo, 2019|Jurisprudencia|
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