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STC (Pleno) 37/2019 de 26 de marzo, Derecho a un proceso con todas las garantías y necesario planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

 El Pleno del Tribunal Constitucional completa la configuración del derecho a un proceso con todas las Garantías y a la Tutela Judicial Efectiva en relación al sistema de fuentes en materias de derecho de la Unión y la relación entre la normativa interna y la necesidad de planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE, determinando que:
  1. La tutela judicial efectiva sin indefensión comprende el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones.
  2. Es un canon específico del derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a que los jueces y tribunales, el marco de la motivación y fundamentación de sus resoluciones, resuelvan ‘conforme al sistema de fuentes establecido’.
  3. Conforme al art. 96 CE, el Tratado de la Comunidad Europea —y concretamente, en este caso, su art. 234 [actual art. 267 TFUE]— forma parte del ordenamiento interno; por ello la cuestión prejudicial prevista en dicho precepto configura un instrumento más al servicio de los jueces y tribunales para la depuración del ordenamiento jurídico’ (STC 58/2004, FJ 10), y de conformidad con ese instrumento, ‘ante una duda en la aplicación del Derecho comunitario, el juez o tribunal interno está facultado para consultar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, salvo que se trate de un órgano judicial cuya resolución no sea susceptible de recurso ordinario en la vía interna, en cuyo caso, la facultad se torna, en principio, en obligación, en orden a preterir un Derecho en beneficio del otro’
  4. Esta obligación de plantear la cuestión prejudicial desaparece, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto:
    1. Cuando la cuestión planteada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso análogo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30/62; y de 19 de noviembre de 1991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9/90), como
    2. Cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la solución de la cuestión planteada (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283/81)
  5. Dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE.
  6. La «duda objetiva, clara y terminante» sobre la contradicción entre la norma interna y la europea puede proceder:
    1. Del hecho de existir un criterio generalizado de los tribunales españoles acerca de la compatibilidad entre ambas normas, que el órgano judicial no desvirtúa mediante una motivación específica;
    2. Porque pese a haberse dictado una o más resoluciones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea referentes a dicha norma nacional, ninguna se ha pronunciado directamente sobre las cuestiones que ahora se suscitan;
    3. o bien por la conjunción de ambas circunstancias.
  7. Resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE):
    1. Dejar de aplicar una norma interna (tenga esta rango de ley o no) sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando exista una «duda objetiva, clara y terminante» sobre la contradicción entre la norma interna y la europea. 
    2. Inaplicar una norma interna sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se fundamente dicha decisión en la doctrina del «acto aclarado», en los casos en que tal doctrina no puede ser invocada; es decir, cuando no sea posible afirmar que «la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo» (STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81, Cilfit, apartado 13).
    3. Asimismo, cumpliéndose con los requisitos de la doctrina del «acto aclarado», corresponde al TC velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

En el caso de la STC 37/2019, de 26 de marzo, el Pleno del TC estima el recurso de amparo interpuesto, al considerar que la interpretación efectuada por la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no cumple con los requisitos de la doctrina del acto aclarado y, por lo anterior, no podía haber dejado de aplicar una normativa interna sin plantar una cuestión prejudicial, dando lugar a una preterición del sistema de fuentes, con desconocimiento de las garantías que integran el proceso debido.

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2019-04-28T19:17:11+00:00 28 abril, 2019|Jurisprudencia|
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