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STS 162/2019, de 26 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, imposible alcance en delitos contra los trabajadores (art. 318 CP).

La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 406/2017, de 29 de septiembre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había condenado a la suspensión de actividades a una persona jurídica por un periodo de dos años por la comisión por  sus administradores de hecho y de derecho de un delito contra los derechos de los trabajadores (art. 311 CP).
La Sala Segunda, partiendo de afirmar y recordar la posibilidad de comisión del delito del art 311.2 CP (dar ocupación simultánea a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo) con ocasión las actividades que se desarrollan en un club de alterne (“chicas quienes, estimulaban a los clientes a consumir dentro del local y a invitarlas a consumir con ellos, sirviéndose de la mayor o menor exhibición de sus atributos físicos y de su compañía”,  FJ Segundo) al constituir a una relación laboral (en contraposición a la prostitución), recuerda:
(i) Que no se puede alcanzar (art. 31 bis CP) la responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión de un delito del art. 311 CP: “Esta exclusión ha sido criticada doctrinalmente, pero, al margen de las opiniones que se puedan tener sobre la misma, es incuestionable”. Esta afirmación es extensible al resto de los delitos frente a los trabajadores (Libro II, Título XV, Arts. 311 a 317 CP).
(ii) Que en el art.318 CP prevé una consecuencia singular para los delitos contra los derechos de los trabajadores  cuando los hechos sean realizados en el ámbito de actuación de una persona jurídica:
  • Responderán penalmente los administradores o encargados del servicio y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello y
  • Se podrá imponer alguna de las medidas del art. 129 CP (letras c.- suspensión de actividades, d.- clausura de locales, e.- prohibición de actividades, f.- inhabilitación para subvenciones, contratar con el sector público y g.- intervención judicial -todas del art 33.7 CP, extraídas del catálogo de penas aplicables a la persona jurídica-). Para acordar esas medidas no se exige que exista una previa declaración de responsabilidad penal de la sociedad titular del establecimiento, que no es posible, sino que la actividad delictiva se desarrolle en el ámbito de actividad de la empresa y que se haya declarado la responsabilidad penal del administrador o del encargado del servicio que hayan sido responsables del hecho y que, conociendo la situación, no hayan adoptado medidas para remediarla.
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2019-04-07T10:37:51+00:00 7 abril, 2019|Jurisprudencia|
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