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STS 742/2018, de 2 de febrero de 2019, Responsabilidad penal de personas jurídicas (art. 31 bis CP), responsabilidad de Directivos (31 bis 1 a CP), responsabilidad sin condena de persona física -fallecido- (art. 31 ter) y coautoría.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 141/2017 de la Sección 1ª de Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de noviembre de 2017, que condenó a dos personas jurídicas por el delito de estafa agravado por razón de la cuantía (Arts. 248, 250.1.5 y 251 bis CP) por hechos del año 2012, con el siguiente contenido:
FJ SEGUNDO.- […] “La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. En efecto el artículo 31.ter señala: 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella . Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas , sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.
Y es que el presupuesto de la condena de una persona jurídica lo fija el artículo 31 bis al determinar que: 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto , por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior , han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Pero una cosa es que se exija la “constatación” de la actuación de esos sujetos personas físicas y otra que sea un presupuesto la previa “condena” de las mismas.
 
No se niega en este motivo que los actos en los que se funda la condena de la recurrente no se llevaran a cabo por personas con alguna de las calidades a que se refiere el precepto transcrito.
Por ello el motivo se rechaza, sin perjuicio de la respuesta que merezcan los demás motivos sobre aquel presupuesto.
FJ TERCERO.- […] Así en relación a la presentación de los contratos a la financiera (“Banca Cívica” en “el contexto de las fusiones bancarias que se estaban produciendo en aquella época”) por D. Luis Carlos , tenía por objeto, y obtuvo, que ambas sociedades “Almacenes Aniés” y “Forrajes Aniés” pudieran obtener la renovación de sus respectivas pólizas, siquiera lo que efectivamente se venía a obtener no era una renovación en sentido estricto de ambas, sino que ambas podían seguir operando bajo la cobertura de sendas pólizas, por más que al de “Forrajes Aniés” no llegara a necesitar renovación.
En los días siguientes, dice el hecho probado, se efectúa la remesa de recibos para descuento. Entre los remitidos (no solamente) se encontraba los que eran a cargo de las falsas contratantes. Y puntualiza la sentencia de instancia: a) que esos no respondían a operaciones reales; b) “según la información facilitada en los recibos, los supuestos clientes tenían cuentas bancarias a su nombre”, en las entidades en las que la descontante habría de interesar cobrar su importe, y c) ignorando que los titulares de esas cuentas de destino no lo eran quienes figuraban como deudores en los recibos.
Como consecuencia de tal mendaz información: 1º.- El banco al que se remetían los recibos por quien actuaba en nombre de la recurrente entregaba a ésta el importe de los mismos previo descuento; 2º.- Pese a ser inicialmente atendidos a su vencimiento los recibos por las entidades bancarias destinatarias, tras sospechar el engaño, “Banca Cívica” dejó de atender las peticiones de descuento de remesas y 3ª.- D. Luis Carlos instruyó lo necesario para que “Caja Duero” y “Caixagalicia” tampoco abonasen los recibos que “Banca Cívica” ya le había descontado a las sociedades por las que aquél actuaba cuando llegó su vencimiento, ocasionado así el perjuicio a ésta última financiera por el importe de los recibos que descontó y no pudo cobrar a su vencimiento. Este relato de hechos probados describe todos los presupuestos fácticos del tipo penal: la ocultación de que no había un tercero solvente que abonaría a su vencimiento a “Banca Cívica” el importe de los recibos que, a causa de eseengaño actuó confiada en aquella solvencia fruto de una economía real, había descontado a las dos sociedades beneficiadas ilícitamente por la actuación engañosa de D. Luis Carlos con el subsiguiente correlativo perjuicio de la descontante.
Aunque el motivo no hace de ello particular cuestión en este motivo, en la medida que ello es presupuesto para imputar el engaño penalmente típico a la recurrente, ha de subrayarse que el hecho que se declara probado establece que fue a partir de los requerimientos de aportación de indicadores de solvencia, cuando “debido a ello, Luis Carlos , actuando con el propósito de que sus empresas obtuvieran dicha renovación, ordenó a Adelaida que redactara tres contratos”. Y se añade que: “Al pie de cada contrato figuraba, junto a la de Luis Carlos , una firma correspondiente al representante legal de la respectiva empresa contratante, cuyo nombre y apellidos se hacían constar bajo la firma, sin que en realidad ninguno de dichos representantes legales hubiera firmado estos contratos”.
Y, concluye, que tales contratos se presentaron a “Banca Cívica” consiguiendo así que, no solamente “Almacenes Aniés”, sino también “Forrajes Aniés”, consiguieran la persistencia de la financiación. Y eso aunque en los contratos no figurara “Forrajes”.
De lo anterior deriva que D. Luis Carlos mantuvo de hecho el control de la gestión de las dos empresas tras dejar de figurar como administrador. Nos encontramos por ello ante uno de los delitos del artículo 31 bis 1. a) del Código Penal , que algún sector de la doctrina denomina de “directivos”, frente al tipo de los de “empleados” a que se refiere la letra b del artículo 31 bis.1 del citado Código Penal . Lo que excluye la necesidad de especificar si ha intervenido o no un incumplimiento grave de los deberes de supervisión o control referible solamente a estos últimos tipos penales.
El citado D. Victoriano , según el hecho probado, actúa de tal manera ¬controla la gestión¬ que puede predicarse de él la condición típica de actuar no solamente como “autorizado” para tomar decisiones, sino más exactamente como persona que “ostenta facultades de organización y control dentro de la misma”, ya que esa ostentación no se condiciona en el texto legal a la previa existencia de un acto formal de atribución de tal poder. Ni siquiera el recurrente hace de ello cuestión.
De lo que deriva que el engaño y en general el comportamiento de ese sujeto legitima la atribución del hecho típico a la persona jurídica recurrente. Ya que por su cuenta se actuó y en su beneficio se llevaron a cabo los actos engañosos y la obtención de lucro.
En ningún aso se alega por la recurrente la concurrencia de un supuesto de los de exención de responsabilidad de la persona jurídica a que se refiere el artículo 31 bis en sus apartados 2 y 3. 
Por ello el motivo se rechaza
[…]
FJ QUINTO.- En un confuso planteamiento del único motivo se formulan dos razones disímiles de impugnación: a) infracción del artículo 251 bis del Código Penal por no ser típico el comportamiento en la medida que por esta sociedad no se adeudó nada a la financiera que se dice perjudicada y b) error en la valoración probatoria al apartarse del resultado de la pericia que excluye la condición de deudora de la recurrente respecto de la entidad bancaria que se proclama perjudicada.
Ninguna de las quejas confusamente expuestas es de recibo.
El error probatorio porque lo que se afirma no contradice el relato de lo probado ya que la sentencia no proclama que la recurrente sea deudora ex contractu sino ex delicto. De ahí que la contabilización de los resultados en clave jurídico privada de los actos relativos a descuento no es la razón de la imputación de la responsabilidad penal, ni de la civil que deriva de ésta.
Ya la propia sentencia de instancia advirtió de que: “Nos resulta sumamente difícil, a efectos de autoría del delito, distinguir entre una y otra empresa, cuyos objetos sociales vienen a ser muy similares, máxime cuando las dos tenían pólizas de descuento con “Banca Cívica”, los recibos se remitían en nombre de cualquiera de las dos y, lo que parece más importante, tanto una como otra eran las auténticas titulares de las cuentas corrientes en donde “Banca Cívica” cargaba los recibos en la creencia errónea de que se trataba de cuentas correspondientes a los clientes de las dos empresas “Aniés”. Estamos, por tanto, ante un caso de coautoría, en el que nada tiene que ver que una empresa haya funcionado en el mercado mejor que la otra, pues recordemos que “Forrajes Aniés” está concursada y actualmente en liquidación”.
 
Es decir las dos personas jurídicas son condenadas como coautoras. Y esa coautoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal les hace solidariamente responsables frente a terceros que son los perjudicados, con independencia del beneficio o no obtenido por el coautor. Ciertamente en la relación entre ellos debiera establecerse, como ordena dicho precepto la cuota que debe asumir cada coautor. No lo hizo así la sentencia de instancia y nada se formula al respecto en los recursos que solamente protestan la responsabilidad frente al perjudicado. Por lo que nuestra decisión solamente ha de referirse a la responsabilidad frente a la financiera perjudicada como fruto de la actuación de la que la recurrente es coautora.
No habiendo error probatorio y siendo la responsabilidad derivada del perjuicio causado por el actuar delictivo y no de la deuda mercantil, el motivo se rechaza.
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2019-02-15T18:42:13+00:00 15 febrero, 2019|Jurisprudencia|
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