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Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.

“Primera.Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto fijar, en función del módulo de entrada de asuntos, la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano jurisdiccional, considerado en su conjunto, de manera que se cuente con un instrumento adecuado para la toma de las decisiones que afectan a la creación de órganos o incremento de plazas judiciales, aprobación de medidas de refuerzo, planes de urgencia, y, en su caso, medidas de prevención de riesgos laborales.

Segunda.Módulo de entrada de los órganos judiciales.

El módulo de entrada de asuntos que se fija en el Anexo a este Acuerdo es el módulo general para todo el conjunto nacional por cada tipo de órgano.

Este módulo servirá como parámetro de medición principal para determinar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, y podrá ser complementado con otros criterios derivados de circunstancias ocasionales que afecten de forma puntual a la situación de un juzgado o tribunal, o de realidades socioeconómicas de determinados partidos judiciales que incidan de forma permanente en el tipo de asuntos que ingresan.

Este módulo es independiente del que, en su caso, pudiera fijarse por el Consejo General del Poder Judicial para otros fines, cómo pueden ser la medición del cumplimiento de objetivos asociado a la productividad o a efectos disciplinarios.

Tercera.Obligaciones derivadas del acuerdo.

Ambas partes acuerdan adoptar este módulo como parámetro principal de medición de las cargas de trabajo de entrada de los distintos órganos jurisdiccionales de modo que constituya un referente en cuantas cuestiones atañan a las propuestas organizativas de la Administración de Justicia. Dicho módulo podrá ser completado, a efectos del estudio y análisis de las necesidades específicas de la planta judicial, con otros criterios de individualización tales como complejidad de la litigiosidad en función del número de procedimientos de una u otra clase, la falta de especialización del juzgado, la concentración de zonas urbanas, empresariales o turísticas, adopción de medidas excepcionales en casos de litigios masivos o dotaciones de personal de la Administración de Justicia.

La superación del módulo de entrada en un órgano judicial no conllevará de manera automática la obligación de asumir la creación de órganos o unidades judiciales que, en todo caso, dependerá de la disponibilidad presupuestaria establecida por los Presupuestos Generales del Estado y de la de las Comunidades Autónomas que haya asumido competencias en materia de medios materiales, tecnológicos, personales e infraestructuras de la Administración de Justicia. En todo caso, y a efectos de las programaciones de creación de planta que se realicen conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con carácter general y sin perjuicio de las medidas de refuerzo que se consideren necesarias, la creación de unidades judiciales precisará la superación del módulo en más de un 30% de media, en los cinco años anteriores. En los juzgados de primera instancia e instrucción la superación del módulo se efectuará valorando conjuntamente el peso de los asuntos civiles y penales.

Asimismo, estos módulos de entrada, junto con las circunstancias específicas de los distintos partidos judiciales y su litigiosidad, servirán al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para valorar la adecuación de la planta a las necesidades reales, las condiciones de conversión o transformación de órganos, e igualmente, para la valoración de las medidas de refuerzo y apoyo que en cada caso resulten más adecuadas.

Cuarta.Vigencia de los módulos acordados.

Las cargas de trabajo acordadas serán válidas desde el momento de la firma de este Acuerdo y estarán vigentes en tanto se proceda a su modificación por un nuevo Acuerdo de ambas partes. No obstante, a efectos estadísticos la nueva medición se adoptará con efectos de 1 de enero de 2019.

A los efectos de que se adecúen a la carga de trabajo real de los órganos jurisdiccionales los mismos podrán revisarse cuando:

Por un cambio normativo o doctrina jurisprudencial varíen las competencias de algún tipo de órgano judicial que haga necesario revisar la incidencia del mismo en la entrada de asuntos y la complejidad de los mismos.

Transcurridos cinco años, siempre y cuando al menos una de las partes firmantes solicite que se proceda a iniciar la revisión de todos o alguno de los módulos de entrada consensuados.

Por acuerdo de ambas partes, independientemente del tiempo transcurrido, cuando se detecte alguna desviación de los módulos fijados con la carga real de trabajo de los órganos judiciales.

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2018-12-29T10:16:41+00:00 29 diciembre, 2018|Legislación|
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