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Conclusiones del Abogado General Asunto C‑207/16, Audiencia Provincial de Tarragona

[…] 122. Vistas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Tarragona del siguiente modo:

«El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, leído a la luz de los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que una medida que permite a las autoridades nacionales competentes acceder, con fines de lucha contra los delitos, a los datos personales o de filiación de los usuarios de números de teléfono activado desde un teléfono móvil específico y durante un período de tiempo limitado, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, implica una injerencia en los derechos fundamentales garantizados por dicha Directiva y por la Carta que no alcanza un nivel de gravedad suficiente para que dicho acceso deba reservarse a los casos en que el delito sea grave

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2018-05-06T19:39:06+00:00 6 mayo, 2018|Jurisprudencia|
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